La Comisión de Transportes del Congreso ha aprobado este martes una iniciativa de Junts que pide al Gobierno un programa de inversiones de 12.600 millones de euros en diez años, de los que entre 4.800 y 5.600 millones deben proceder del sector público, para acelerar la electrificación de la flota de autobuses y autocares interurbanos.
La proposición no de ley de Junts, que ha salido adelante con los únicos votos en contra de Vox, también faculta a las administraciones a ampliar los plazos de las concesiones vigentes hasta 2039, con el fin de que los concesionarios puedan alcanzar los objetivos previstos.
La meta final es que antes de 2035 como mínimo la mitad de estos vehículos sean de «emisiones 0». Para ello, el Gobierno deberá aprobar un Programa Plurianual de Renovación de Flotas y Ampliación de Servicios, durante el primer trimestre del año 2026, con criterios objetivos para su desarrollo y para el otorgamiento de las ayudas que se soliciten, tanto en forma de subvenciones como de financiación diferida, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas.
Dicho programa -de 12.600 millones de euros en 10 ejercicios, de los cuales entre 4.800 y 5.600 millones procederían del Estado- reservará una parte de los créditos aprobados para atender las necesidades de las concesiones estatales y territorializará y transferirá la cantidad restante a las comunidades autónomas, en función del volumen de sus flotas y de las bases de las empresas locales.
Con este programa de inversiones debería ser sustituida, en los próximos diez años, del orden del 60 % de la flota existente en ese momento, lo que supone unos 50.000 vehículos, si además se quiere que sirva para atender las mejoras de oferta que requiere la creciente demanda sólo para los servicios de líneas regulares, según datos de Junts.
Este parque se distribuye entre más de 650 empresas que gestionan las 1.400 concesiones de servicios regulares.
La Comisión de Transportes ha aprobado también una proposición no de ley de ERC para la mejora integral de las líneas RL3 y R13 de Rodalies y tres del PP: una para que el Ejecutivo implante la bonificación de los peajes de las autopistas AP-6, AP-51, AP-61, AP-66 y AP-71, otra relativa a la reapertura de la línea ferroviaria Madrid-Aranda de Duero-Burgos y una tercera sobre el impulso a las infraestructuras ferroviarias en Andalucía. Asimismo han salido adelante dos iniciativas del PSOE, en defensa del sistema concesional del transporte público interurbano y para favorecer la formación de pilotos expertos en emergencias aéreas y una de Sumar sobre la infraestructura ferroviaria en Zamora. Durante la sesión, los diputados del PP han reiterado su exigencia de que comparezcan los presidentes de Adif y Renfe, como solicitaron formalmente ya hace un mes para dar cuenta del accidente de Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero.