La jueza que investiga la gestión de la dana en Valencia cree que la «exclusión voluntaria» del entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón, en aquella emergencia «tuvo una repercusión decisiva en el resultado mortal y lesivo», una «omisión equiparable a la acción» en los 230 fallecimientos y en las lesiones que dejó aquel 29 de octubre de 2024.
Según detalla la instructora en la exposición razonada que ha elevado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana para pedir que se investigue formalmente a Mazón, de 109 páginas y a la que ha tenido acceso EFE, «el nexo causal ante la pasividad del president y las obligaciones propias de su cargo, entre las que se encuentra la coordinación ante esta situación de emergencia, supone que habrán de imputarse los fallecidos».
«El nexo común de una gran multitud de los fallecimientos -insiste la jueza- conforme revelan los vídeos, las declaraciones y la hora de los fallecimientos es la falta de avisos. Esa ausencia, esa pasividad en la adopción de medidas de coordinación, la falta de interacción con los cargos autonómicos ante una situación de extrema gravedad (por parte del president, que) optó por recluirse en el reservado de un restaurante».
La jueza considera indicios contra Mazón también el «escaso intercambio de las llamadas» que mantuvo desde el restaurante donde pasó buena parte de aquella jornada, «la escasa duración de las mismas o la falta interacción con los responsables autonómicos». Dicha pasividad cabe calificarse «como negligente y constituye un elemento decisivo en la producción del resultado mortal y lesivo que justifica la presente exposición razonada», añade la instructora.