El matrimonio alemán que mantuvo aislados a sus tres hijos durante cerca de cuatro años en una casa a las afueras de Oviedo, aunque reconoce que la situación y su conducta eran anómalas, mantiene que siempre trató de hacer lo mejor para los gemelos, que ahora tienen 9 años, y su hermano mayor, de 11, según han trasladado su abogados defensores.
Los padres, un alemán de 53 años y una mujer de 48 con doble nacionalidad, alemana y estadounidense, han ejercido este jueves su derecho a la última palabra en la vista oral que desde la semana pasada se ha celebrado a puerta cerrada en la Audiencia Provincial de Oviedo y que hoy ha quedado vista para sentencia.
Ambos, que desde hace casi un año se encuentran prisión preventiva y no han vuelto a ver a sus hijos, se enfrentan a penas de 25 años y cuatro meses de cárcel por delitos de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar, detención ilegal y abandono de familia, de los que les acusa la Fiscalía y la acusación particular, mientras que los abogados de la defensa piden la libre absolución.
El matrimonio, según sus abogados, ha aprovechado el turno de última palabra para mostrar también su confianza en poder ver reunida de nuevo a su familia y en poder recuperar el vínculo paterno-filial con los niños, actualmente bajo la custodia de los Servicios Sociales del Principado, por lo que ha trasladado su voluntad de colaborar con la justicia y la administración para reconducir esa situación. Según el abogado de la madre, Javier Muñoz, los progenitores han hablado ante el tribunal «desde su convicción y desde su corazón», han insistido en que siempre habían actuado en pro del interés de sus hijos y han trasladado su confianza en la autoridades españolas y la justicia.
Turno de la defensa
Después de que el juicio quedase suspendido el pasado 13 de marzo tras la exposición de las conclusiones de la Fiscalía y la acusación, hoy le ha tocado el turno a los letrados de la defensa, que durante poco más de una hora, y antes de que hablasen los padres, han expuesto los motivos por los que consideran que estos deberían quedar libres y que sean los servicios sociales los que se hagan cargo del caso.
Para la defensa, no hubo ninguna detención ilegal de los menores, como mantiene la Fiscalía, sino un «aislamiento voluntario» por parte de unos padres que «en circunstancias muy anormales, anómalas y extraordinarias tomaron una serie de decisiones, seguramente equivocadas, pero no criminales». La letrada del padre, Elena González, ha incidido en que, «aunque el patrón que seguían los padres no era el de una familia socialmente adaptada», ha asegurado que todos los que conocen las particularidades saben que «no hay ninguna casa de los horrores», como ha sido bautizado este caso, sino una vivienda normal.
Según la tesis de la defensa, habían estado enfermos de covid y presentaban un «miedo insuperable» a enfermar de nuevo, por lo que decidieron autoconfinarse y educar a sus hijos desde casa, una situación que se mantuvo desde diciembre de 2021 hasta el 28 de abril del pasado año, día en el que una vecina alertó a la Policía Local. Los menores, según mantienen los letrados, estaban aseados, no tenían malformaciones y podían deambular con libertad por el hogar, que presentaba zonas perfectamente ordenadas y otras con mucha acumulación de enseres, algo que no es un delito.
Aislados del mundo exterior
Para la Fiscalía, sin embargo, el «miedo infundado» de los padres a un hipotético contagio durante la pandemia de la covid fue lo que les llevó a encerrar a sus hijos en el interior de la casa durante casi cuatro años, tiempo en el que estuvieron privados de sus necesidades educativas, sanitarias, emocionales y sociales, y en el que no tuvieron comunicación alguna con el mundo exterior, por lo que ni siquiera salían al jardín.
Los niños presentaban igualmente problemas de control de esfínter, por la utilización indebida y prolongada de pañales, caminaban encorvados con las piernas arqueadas, presentaban dificultades para subir y bajar escaleras, tenían la piel irritada y convivían entre «cantidades ingentes de basura y suciedad». Fiscalía y acusación particular, además de las penas de cárcel, piden 30.000 euros de indemnización para cada uno de los tres menores por daños morales y que se prohíba a los padres acercarse a sus hijos y se suspenda cualquier régimen de visitas durante más de once años.
Imaginemos qué hubiesen hecho estos dos desgraciados si hubiesen buscado lo "peor" para sus hijos.