El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha confirmado este miércoles de forma definitiva la sanción de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro por prácticas abusivas contra inquilinos, tras desestimar el recurso presentado por la empresa y agotarse la vía administrativa. La resolución ha sido firmada por el ministro Pablo Bustinduy, lo que convierte en firme la multa propuesta en diciembre de 2025 y ratifica las conclusiones del expediente sancionador abierto por la Dirección General de Consumo.
El departamento concluye que la inmobiliaria incurrió en seis infracciones muy graves y una grave al vulnerar derechos de los consumidores y «aprovechar su posición de predominio de mercado» . Entre las conductas sancionadas figuran la «imposición al arrendatario» de costes que corresponden al propietario, como un servicio de atención al inquilino, la contratación obligatoria de un seguro del hogar o cargos por reclamaciones incluso cuando no eran imputables al arrendatario.
Asimismo, se penaliza la inclusión de cláusulas que permitían incorporar a los arrendatarios a ficheros de morosos sin deudas exigibles y la limitación del derecho de desistimiento en determinados contratos. La sanción se desglosa en varias multas, entre ellas una de un millón de euros y otra de 990.900 euros, además de tres de 500.000 euros, una de 100.001 euros y otra de 10.001 euros.
Obligación de eliminar cláusulas abusivas
La resolución obliga a la compañía a eliminar las cláusulas consideradas abusivas y a corregir los incumplimientos detectados, además de hacer pública la sanción y la identidad de la sociedad responsable. El expediente se inició en marzo de 2025 tras denuncias de organizaciones como Facua, el Sindicato de Inquilinas y la OCU, y se suma a otra investigación en curso por hechos similares.
En diciembre, Consumo ya había anunciado la sanción por trasladar a los inquilinos gastos de gestión y formalización del contrato, prohibidos por la Ley de Vivienda. La empresa recurrió entonces la decisión, un recurso que ahora ha sido rechazado por el Ministerio, lo que cierra la vía administrativa. El ministro Pablo Bustinduy ha dicho en rueda de prensa que la sanción impuesta es «proporcional a los daños» ocasionados por la empresa y ha subrayado la obligatoriedad que tiene ésta, a partir de ahora, de «eliminar la cláusulas abusivas».
Tras destacar el «valor social» de las organizaciones de consumidores e inquilinos que iniciaron el proceso, Bustinduy ha incidido en que su objetivo no es que las empresas gestoras de alquiler desaparezcan del mercado, sino que «cumplan la ley» y «no utilicen la formidable crisis que vivimos para incrementar de forma espuria sus beneficios». «Todos los operadores tienen que cumplir la ley. Lo que perseguimos es garantizar que se cumpla la ley y quien no incurra en prácticas abusivas y actúe con pleno respeto a los consumidores no tiene nada que temer», ha señalado.
Aquest son els que na Prohens va sortir defensant que eren lo millor! Vaja peces.