El Gobierno ha criticado con dureza el pacto entre PP y Vox para gobernar en Extremadura y ha avanzado que llevará al Tribunal Constitucional todo lo que sea «discriminatorio», mientras que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que la prioridad nacional para otorgar ayudas en vivienda es ilegal.
El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado este viernes que el Ejecutivo recurrirá «con toda la fuerza del Estado de derecho» si el pacto lleva a leyes autonómicas cuestiones que vayan en contra de los derechos de los extremeños.
En el mismo sentido, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha avanzado que el Gobierno llevará al Constitucional todo lo que sea «discriminatorio y contrario a derecho» del pacto entre PP y Vox en Extremadura.
En su opinión, este acuerdo supone que el PP «compra por completo todos los marcos ideológicos de la ultraderecha», al haber incluido «cosas absolutamente inhumanas» como, por ejemplo, no dar servicios públicos a personas migrantes en situación irregular.
También el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, considera que el pacto demuestra que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, «está a merced de la ultraderecha», mientras que la número dos del PSOE y candidata para Andalucía, María Jesús Montero, ha afirmado que «en este momento es indistinguible Vox y el PP».
Entre los representantes de Sumar en el Gobierno, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha denunciado que el PP «asume sin disimulo el programa reaccionario de la ultraderecha de Vox», y la de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha calificado el acuerdo de «racista».
Las críticas de Ayuso
El acuerdo, anunciado el jueves y que permitirá la investidura de la popular María Guardiola como presidenta de Extremadura, consta de 11 grandes capítulos con 61 puntos de acción gubernamental, entre los que figura el rechazo a la inmigración ilegal, la prohibición del burka en espacios públicos autonómicos o acuerdos para facilitar las repatriaciones de los menores no acompañados.
El texto recoge también la creación de un sistema de acceso a la vivienda protegida y de alquiler social «inspirado en el principio de prioridad nacional», que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos «a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio», un aspecto que considera ilegal la presienta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del PP.
«Yo creo en la ley y en el orden y por tanto pienso que no puedes ilegalmente dejar a nadie fuera de requisitos para los que tiene derechos», ha dicho.
«Así que, como se va a tener que cumplir la ley, yo pienso que muchos de esos requisitos no lo son, no son legales, así que el tiempo lo pondrá todo en su sitio», ha añadido.
Ayuso ha sido la única voz del PP que ha criticado públicamente el pacto, del que se alegran otros compañeros de partido.
En este sentido, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha dicho que es una «muy buena noticia que la gobernabilidad se haya materializado, respondiendo a la voluntad de los ciudadanos y de las urnas».
Y el presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP, Juanma Moreno, también se ha alegrado por el acuerdo, aunque ha subrayado que su aspiración en las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo es construir un Ejecutivo andaluz «en solitario».
Satisfacción en Vox
A las críticas del Gobierno y de Ayuso se han sumado las de partidos de izquierda como IU, cuyo líder, Antonio Maíllo, ha afirmado que «el PP hace tiempo que asumió el discurso y las políticas de Vox».
Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, de Podemos, ha tachado de «infame» el acuerdo y ha alertado de que muchas de las medidas contempladas son «imposibles» de acometer por carecer de un marco competencial.
El más satisfecho con este acuerdo es Vox, cuyo líder en Extremadura, Óscar Fernández Calle, que ostentará una de las vicepresidencias del futuro Ejecutivo, ha señalado que muchas medidas contempladas en su programa electoral están reflejadas en un pacto donde no ha habido «cesiones dolorosas».
El acuerdo en Extremadura es la antesala de futuros acuerdos de gobierno entre PP y Vox en Aragón y Castilla y León, según ha señalado este viernes el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, que ha avanzado que en todos los casos sonará la misma «música».
Ayuso vuelve a practicar su usual populismo, que compite sin problemas con el populismo demagógico que ella achaca a quienes la critican.