La Fiscalía avisa de que la corrupción política está carcomiendo el sistema democrático

El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha justificado este miércoles su solicitud de penas «graves» al exministro de Transportes José Luis Ábalos por haber formado parte de una corrupción política «organizada» que «está carcomiendo el sistema democrático». Lo ha dicho en su alegato final en el juicio en el Tribunal Supremo contra Ábalos, su exasesor Koldo García y el reconocido comisionista Víctor de Aldama por formar supuestamente parte de una trama de cobro de comisiones en los contratos de mascarillas durante la pandemia.

Luzón ha reiterado su petición de 24 años de cárcel para el exministro, 19 años y medio para Koldo García y 7 años para Aldama, a quien finalmente no ha aplicado la atenuante muy cualificada de confesión. Se trata -ha dicho el fiscal en el final de su informe- de penas «graves, pues graves son las conductas que se les atribuye o imputan».

Porque Luzón cree que los acusados han practicado una «corrupción organizada continuada» que no solo ha hecho «daño» a la libre competencia y al recto y normal funcionamiento que se exige a la administración pública. «Es mucho más que eso, es la certeza de que con esta corrupción política organizada, nada menos que desde un ministerio del Gobierno de España, está disminuyendo la confianza de los ciudadanos en unas instituciones democráticas que estos delincuentes pervirtieron poniéndolas a su servicio», ha enfatizado Luzón.

Y ha ido más lejos: la corrupción política «está carcomiendo nuestro sistema democrático y solo una reacción contundente puede frenarla». Puede frenarse desde el ámbito preventivo, ha dicho, pero ahí no tenía nada que decir. Pero sí en lo penal y, por eso, solicita que se impongan las penas antes citadas, que juzga «proporcionales y disuasorias con arreglo a lo que hemos visto en este juicio», ha concluido.

Rebaja de la pena

El fiscal jefe de Anticorrupción considera «posible» y «admisible» rebajar aún más la posible condena al «corruptor» Víctor de Aldama por su confesión en el juicio contra el exministro Ábalos, aunque él ha decidido mantener su petición inicial para el empresario, 7 años de cárcel. En su informe final Luzón ha defendido que todo lo que ha contado Aldama en relación a los hechos que juzgan se ha visto «plenamente corroborado» por otras pruebas.

«Hay otras cosas que dice que no sabemos, a día de hoy, si son ciertas o abiertamente inciertas, pero no se han tenido en cuenta para la acusación que se formula en este acto», ha subrayado el fiscal. Luzón anunció el lunes que mantenía su petición inicial de 7 años de cárcel a Aldama al no apreciar como «muy cualificada» la atenuante de confesión para él, pero en la jornada de hoy ha considerado «posible» concederle dicha atenuante, como pide la acusación popular que coordina el PP, o solicitar una mayor rebaja, como hace su defensa.

Ante informaciones que apuntaban a una orden de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, para que Luzón no rebajase su petición para Aldama, fuentes fiscales recalcaron que se trató de una decisión unitaria del Ministerio Público tras un debate interno en el que no hubo «órdenes» o «presiones».

«Cansina letanía» de las defensas contra Aldama

El fiscal ha cuestionado con dureza la «cansina letanía» de las defensas de Ábalos y Koldo García en torno a la colaboración de Aldama, como si «pareciera» que la confesión de un coimputado «fuera un caso excepcional». De «ornitorrinco procesal» tildaron estas defensas a Aldama, una expresión que Luzón ha vuelto a escuchar 25 años después de oírla en otro juicio, el de los fondos reservados, cuando el abogado de un secretario de Estado de Seguridad lo utilizó para referirse a un homólogo que admitía el pago de sobresueldos y la sustracción de esos fondos en el Ministerio del Interior.

Ambos acabaron condenados, ha recordado el fiscal. Luzón ha querido dejar claro que la rebaja de la pena a un acusado que colabora con la Justicia y se autoincrimina está «absolutamente» asumida, también a nivel internacional, y es una «necesidad» para averiguar los delitos de corrupción, y ha aseverado: «Si de verdad queremos combatir a las organizaciones criminales y la corrupción, debemos compensar a quienes salen de ellas y denuncian».

Ahora bien, ha dejado claro que no se debe asumir «acríticamente» la declaración de un coimputado, sino que «debe verse con muchas reservas» y ser corroborada por otras pruebas. Algo que, sostiene, se ha producido en este juicio con la confesión de Aldama. Es más, para el fiscal, «la prueba es tan abundante que podemos considerar que la declaración de Aldama no es la determinante y decisiva».