La investigación por presunto narcotráfico al exjefe de la UDEF en Madrid Óscar Sánchez ha sufrido un giro en las últimas semanas tras dejar el juez sin efecto su procesamiento, después de que la Audiencia Nacional le instase a hacer lo mismo con el supuesto cabecilla, Ignacio Torán, y otros imputados, al quedar aún flecos por cerrar.
La sección tercera de lo Penal ha compartido el criterio de la Fiscalía Antidroga, que recurrió los autos de procesamiento al quedar importantes diligencias de investigación por completar, varias de ellas de alcance internacional, que podrían apuntalar los indicios de blanqueo de los cuantiosos beneficios del tráfico de drogas que se imputan a la trama.
El tribunal ha revocado el procesamiento del supuesto líder de la red, Ignacio Torán, y otros investigados, en un auto del pasado mes de abril, al que ha tenido acceso EFE, en el que cuestiona la «escueta» y «parca» descripción del juez de las conductas imputadas y también que no incluyese entre los procesados a Óscar Sánchez. El juez del caso, Francisco de Jorge, procesó por separado a ambos grupos de imputados, una fórmula que «permite mejor la gestión de los tiempos» en un juzgado con «sobrecarga» de trabajo y evita la «congestión» por la acumulación de recursos.
La Sala no cuestiona que esa decisión esté contemplada en la ley, pero ve en esa división del procesamiento más «causas perniciosas que beneficiosas». Días después de la resolución de la Sala, De Jorge revocó también su decisión de proponer juzgar a Sánchez, inspector jefe de la Policía, a su mujer -también policía- y otros investigados, al considerar «implítamente» revocado su procesamiento.
A esta red, con la que se cree que el inspector Sánchez cooperó «estrechamente» dándole cobertura y garantizando su impunidad, se le atribuye la introducción en España de más de 73 toneladas de cocaína en 39 contenedores entre 2020 y 2024. El juez cree que, a cambio, el policía percibió 32,6 millones de euros. Óscar Sánchez, a quien los investigadores hallaron más de 20 millones de euros ocultos en su casa y su puesto de trabajo al ser detenido en 2024, se encuentra en prisión provisional desde entonces, misma situación en la que está Ignacio Torán desde el pasado febrero, tras haber pasado unos meses en libertad por un error judicial.
Una investigación inconclusa puede derivar en impunidad
En su auto, la Sala advierte de que «una investigación inconclusa, además de afectar al principio de seguridad jurídica y del derecho de defensa, podría llegar a propiciar una situación de impunidad respecto de ciertas conductas o ciertos investigados».
Da la razón a la Fiscalía Antidroga de que el juez, en su auto, realizó «una descripción genérica de la trama» y no un relato individualizado de los indicios que atribuye a cada uno ni el criterio que ha seguido el juez «para fragmentar el procesamiento». Considera por ello que debe dejarse sin efecto el procesamiento y posponerlo «hasta la conclusión completa de la fase de investigación», individualizando los indicios contra los investigados y su relación con la organización criminal en cuestión, añade el auto.