La Audiencia Nacional ha dejado este jueves visto para sentencia el juicio a la familia del expresidente de Cataluña Jordi Pujol Soley por su fortuna oculta en Andorra tras 38 sesiones durante casi seis meses y después de que los acusados hayan renunciado a su derecho a la última palabra. Jordi Pujol Soley, de 95 años, se encontraba entre los acusados pero el pasado 27 de abril el tribunal decidió eximirle del juicio y sobreseer la causa para él al comprobar que está «imposibilitado» para afrontar la vista.
En el banquillo se han sentado sus siete hijos, la exesposa del primogénito y nueve empresarios acusados de delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificaciones de documentos mercantiles, contra la Hacienda Pública y alzamiento de bienes.
El fiscal anticorrupción Fernando Bermejo ha pedido la pena más alta, 29 años de prisión, para el primogénito de la familia, Jordi Pujol Ferrusola, y además ha solicitado 17 años para su exesposa Mercè Gironés, 14 años para su hermano Josep Pujol y ocho para los otros cinco hijos del expresidente de la Generalitat, Oriol, Marta, Mireia, Pere y Oleguer. Además ha reclamado cinco años de cárcel para nueve empresarios, algunos de los cuales fueron adjudicatarios de contratos con la Generalitat catalana.
Les acusa de cooperación en el blanqueo de capitales mediante la comisión de falsedades en documentos como contratos y facturas por servicios de intermediación y asesoramiento supuestamente prestados por empresas de Jordi Pujol Ferrusola que el fiscal cree ficticios para justificar pagos de comisiones a la familia. Según la Fiscalía, la familia Pujol fue amasando grandes cantidades de dinero en sus cuentas en bancos de Andorra en las que estima que llegaron a disponer desde 1990 de más de 38 millones de euros. Todos los acusados han pedido su absolución al estimar que no se ha probado un origen corrupto del dinero acumulado por la familia del expresidente catalán en Andorra cuyos hijos han alegado que procede de un legado de su abuelo Florenci.
«Manchar» sin pruebas
Las defensas de los empresarios acusados han afirmado que no se han aportado en el juicio pruebas sobre «ninguna irregularidad» y han denunciado que se pretenda «manchar» todo lo que rodea al primogénito del expresidente catalán como si fuese un «virus contaminante». En la Audiencia Nacional queda visto para sentencia este jueves el juicio por la fortuna opaca depositada en Andorra. En sus informes finales, las defensas de los nueve empresarios acusados de pagar mordidas al primogénito de los Pujol han insistido en que en el juicio no se ha acreditado «ninguna irregularidad» ni se ha probado ningún «acto mendaz» ni «nada por el estilo», según ha subrayado Carles Monguilod, que representa al empresario Gustavo Buesa.
Asimismo, el letrado José María Fuster-Fabra, que defiende al empresario Josep Mayola, ha insistido en que «está por demostrar» que Jordi Pujol Ferrusola haya «cometido algún delito» y, en este contexto, ha denunciado que se ha pretendido «manchar absolutamente a todo el mundo que rodea» al hijo mayor del expresidente catalán, como si fuese un «virus contaminante». La Fiscalía sostiene que la fortuna que los Pujol ocultaron durante años en Andorra no procede de la "deixa (legado)" de Florenci Pujol, padre del expresidente Jordi Pujol, como alegan las defensas, sino de comisiones pagadas por empresas que fueron adjudicatarias de contratos con la Generalitat.
Monguilod se ha referido a la confrontación que hizo el fiscal en su informe del «discurso público de 'Espanya ens roba' (España nos roba)» que algunos sectores han blandido desde hace años en Cataluña, con el fraude fiscal y el «saqueo» cometido presuntamente por los Pujol. «El fiscal recordó una frase repugnante, que este letrado, que es catalán, no ha utilizado nunca y se ha enfrentado públicamente a ella, lo de 'España nos roba', porque España no ha robado nunca, quizá algún Gobierno pero los gobiernos se cambian con una urna y esto es una ofensa a los españoles que no se puede tolerar», ha indicado Monguilod. El letrado ha añadido que también ve «repugnante» el «a por ellos» con el que en algunos puntos de España se jaleó a los agentes de las fuerzas de seguridad que acudieron a Cataluña a evitar el referéndum del 1-O de 2017. Y en este contexto, ha resaltado: «Durante la instrucción del caso en ocasiones me ha dado la sensación, por la actuación de cierta Policía mal llamada patriótica y de otros intervinientes, que parecía que el delito antecedente era ser de la familia Pujol o ser catalán».