El Govern catalán ha aprobado este viernes el proyecto de ley para un presupuesto de 2026 que alcanza cerca de 50.000 millones de euros, tras haberse garantizado el respaldo de ERC y Comuns para su tramitación parlamentaria. La cuantía total supone cerca de un 22 % más respecto a las cuentas de 2023, las últimas aprobadas, ha señalado la consellera de Economía, Alícia Romero, al entregar el proyecto de ley al presidente del Parlament, Josep Rull.
«La economía va bien y eso se nota en este aumento de los recursos para políticas públicas», ha señalado la consellera, que ha detallado que se han habilitado 4.600 millones para hacer frente a los compromisos adquiridos con sus socios parlamentarios entre 2026 y 2030. La cuantía prevista en el nuevo proyecto es similar a los 49.162 millones que se consignaban en el texto que se presentó en febrero y que acabó retirado por el rechazo de ERC.
Esa cifra suponía 4.604 millones más de gasto respecto a 2025, cuando el Govern, que trabajaba con unos presupuestos prorrogados, pactó tres suplementos de crédito por casi 4.000 millones. Tras un Consell Executiu extraordinario para apoyar las nuevas cuentas, la consellera ha recalcado este viernes que en esta ocasión el proyecto de ley cuenta con «todos los apoyos imprescindibles» para ser aprobados.
Nuevos presupuestos el 2 de julio
A la espera de que se confirme en la Junta de Portavoces de la Cámara que se celebrará este mediodía, Rull ha avanzado que el debate a la totalidad del proyecto de presupuestos se celebrará el próximo 4 de junio y está previsto que la aprobación final se produzca el 2 de julio.
El pasado martes, el Govern socialista y ERC formalizaron un acuerdo que, entre otras medidas, insta a impulsar una línea orbital ferroviaria en la segunda corona metropolitana de Barcelona, la recaudación del IRPF en Cataluña y el nuevo modelo de financiación, y prevé otorgar control del Consorcio de la Zona Franca (CZFB) a la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona. Dos días después, se estableció con Comuns un texto «complementario» al ya acordado en febrero, que prevé políticas como la ley contra las «compras especulativas» de vivienda.
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