«Es necesario que el Rey renuncie a su inviolabilidad». El magistrado jubilado José Castro es uno de los veinte juristas firmantes de la carta remitida el pasado día 23 de diciembre al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que el discurso navideño de Felipe VI incluyera limitar la inviolabilidad del Monarca a sus actuaciones como jefe del Estado y dejara fuera su vida privada.
El documento, además de por Castro, ha sido suscrito por el vicepresidente del Govern y magistrado en excedencia, Juan Pedro Yllanes, y por varios abogados como Ferran Gomila, Jaime Bueno o Josep Valdés. Todos ellos fueron contactados por los promotores de la iniciativa y han asumido dar apoyo de manera puntual al texto y, por el momento, no forman un grupo estable. De hecho, la mayor parte de ellos desconoce el listado completo de los firmantes del escrito y el promotor, que no es jurista y cuya identidad prefiere no desvelar, cuenta con un correo electrónico para recibir adhesiones y comunicaciones. La próxima iniciativa, según se anuncia en la misma web que reveló el escrito, será enviar un escrito similar a diputados y senadores para intentar promover una reforma legal que limite la inviolabilidad del monarca.
El escrito remitido a Presidencia del Gobierno pone de manifiesto la «gran sorpresa y la vergüenza» de los firmantes ante las noticias del «indefendible comportamiento personal de Juan Carlos I durante su reinado». Añade: «Con intranquilidad venimos constatando también la incapacidad de la Justicia para investigar, juzgar y condenar delitos como los que mencionó el fiscal anticorrupción en marzo».
Decepción
Los firmantes consideran una «decepción» que tanto el actual Monarca como el PSOE y el PP se hayan negado a promover una limitación del alcance de la inviolabilidad del Monarca a los actos propios del Rey que regula el artículo 64 de la Constitución, un hecho este revelado por la exvicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en una comparecencia pública.
El escrito termina con la siguiente petición a Sánchez: «Solicitamos de usted que proponga al rey Felipe VI que en su discurso televisado del próximo 24 de diciembre incluya la aceptación de la limitación del derecho de inviolabilidad», algo que, evidentemente, no ocurrió.
Castro explica que no se esperaba que se produjera ese anuncio, pero sí una respuesta: «Personalmente nunca confié en que el sábado renunciara a la inviolabilidad en su discurso, pero sí que esperaba alguna respuesta de Presidencia del Gobierno, aunque fuera un acuse de recibo, una pura cuestión protocolaria y de educación», explica en declaraciones a Ultima Hora. Señala que, independientemente de quién y cuándo se redacte la alocución navideña del jefe del Estado, es evidente que ese texto tiene que contar con la aprobación previa del jefe del Ejecutivo.
Mantiene que, a partir del ‘caso Nóos', que él instruyó, se ha abierto un debate sobre la responsabilidad penal del jefe del Estado: «Despertó algo que estaba ahí disimulado. Hasta ese momento pienso que la mayoría de la ciudadanía no sabía que el rey era inviolable y sobre todo su extensión. Porque a continuación en el artículo 64 habla de los actos propios de la función del Rey. Hacer extensiva esta inviolabilidad a los actos privados es algo que a la mayoría de juristas y ciudadanos, salvo los monárquicos de siempre, les parece fuera de lugar».
Gesto simbólico
Para Juan Pedro Yllanes, se trata de un gesto con una intención simbólica: «A mí me pidieron que lo firmara y no lo dudé. Somos muchos los que lo pedimos. Es un escrito dirigido a Pedro Sánchez para que le pida al jefe del Estado que la inmunidad se ajuste a actos que necesitan refrendo del gobierno, visto el ejemplo de su padre».
A juicio del vicepresidente del Govern, lo que se plantea «es una petición más que razonable, podría estudiarlo perfectamente». Añade: «Otra cosa es que yo quiera que se modifique el artículo que define la monarquía parlamentaria como forma de gobierno del Estado. Yo preferiría que esto fuera una república democrática, y no lo escondo».
La clave, según explica, está en la interpretación actual de los artículos 56 y 64 de la Constitución. El primero es el que regula la inviolabilidad del Monarca. En el segundo se aclara que, en el ejercicio de sus competencias, sus actos serán refrendados por el Gobierno y que serán responsables de esas actuaciones las personas que las hubieran respaldado de esta manera, no el propio Jefe del Estado.