La iniciativa ciudadana europea 'Stop Killing Games' ('Alto a la destrucción de los videojuegos') ha anunciado la fundación de dos ONG, una en la Unión Europea y otra en Estados Unidos, que trabajarán para impedir que las empresas desarrolladoras imposibiliten acceder a los videojuegos, en caso de que se cierren sus servidores.
'Stop Killing Games' es una campaña que busca resolver la «obsolescencia planificada» de los videojuegos que, a pesar no tener «una fecha de caducidad declarada», los aboca a desaparecer, sin posibilidad de que se pueda seguir jugando ni preservarlos cuando se cierran los servidores, según especifica en su página web.
Es decir, la campaña denuncia que a pesar de que hay videojuegos que se venden sin fecha de expiración explícita, están diseñados para dejar de ser jugables cuando cesa su soporte, ya que con la adquisición del producto digital solo se obtiene una licencia de uso, no una propiedad. «Esta práctica es una forma de obsolescencia planificada y no solo es perjudicial para los clientes, sino que hace que la preservación sea efectivamente imposible», indica la iniciativa en su web.
En este marco, 'Stop Killing Games' comenzó a actuar a nivel internacional en abril de 2024 para luchar contra este tipo de prácticas, llevando a cabo diversas acciones para frenar «el tema de desafiar la legalidad de los editores destruyendo videojuegos que ya han vendido».
Ahora, el creador de contenido y fundador de la iniciativa Ross Scott, ha explicado en un vídeo de YouTube los próximos pasos de 'Stop Killing Games', que pasan por la creación de dos ONG, en Europa y Estados Unidos, para "mantener la presión" a las empresas de videojuegos a largo plazo, así como trabajar por una potencial expansión a otras regiones.
Además, están preparando un documento jurídico de 500 páginas para analizar la legalidad de este tipo de prácticas dentro del sector, en el que se abarcarán los desafíos y oportunidades que plantea la protección de los videojuegos como bienes culturales.
Previamente, 'Stop Killing Games' ya ha hecho grandes avances en su iniciativa en Europa, ya que el pasado mes de septiembre consiguieron reunir 1,45 millones de firmas para acceder a la vía legislativa y que tanto la Comisión Europea como el Parlamento Europeo evalúen la propuesta.