A principios de año saltaba a la palestra el caso Funnydent. Las nueve clínicas de la cadena odontológica, distribuidas entre Madrid y Catalunya, amanecían repentinamente cerradas la mañana del 28 de enero, desatando la alarma entre sus clientes. Muchos tenían su tratamiento dental pagado y sin finalizar. Cristóbal López Vivar, propietario de la empresa, ahora en prisión, está acusado de una presunta estafa de 8,8 millones de euros a sus clientes al cerrar las clínicas sin previo aviso. Los afectados por este caso se manifestaron rápidamente en la calle y en las redes sociales.
Algunos de los trabajadores de la empresa llevaban varios meses sin cobrar y existían quejas de mala praxis. La compañía ofrecía tratamientos dentales a precios muy competitivos, que justificaba por disponer de laboratorio propio para la fabricación de prótesis y material odontológico.
Este no ha sido el único escándalo en el sector odontológico en los últimos meses. Menos de tres semanas después del caso Funnydent fue detenida la cúpula de Vitaldent por blanqueo y un fraude superior a los diez millones de euros a sus franquiciados. La Agencia Tributaria y la Policía llevaban más de dos años investigando esta franquicia después de que descubrieran a la exmujer de Ernesto Colman, propietario de Vitaldent, con grandes cantidades de dinero que transportaba desde Suiza. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sospechaba que el dueño de la franquicia pretendía cerrar el negocio repentinamente y quedarse con el dinero. El propietario tenía deudas y exigía a sus colaboradores cobrar grandes cantidades de dinero en metálico, que en parte no se declaraba a Hacienda y se llevaba al extranjero. Vitaldent contaba con una red de casi 400 clínicas repartidas por todo el territorio español, de las que un buen número continúan aún operativas.
El presidente del Colegio de Dentistas de Balears, Guillem Roser Puigserver, tiene clara la forma para acabar con este tipo de fraudes. El Colegio se muestra en contra del desmesurado uso que ha sufrido la profesión sin ningún tipo de regulación, ya que afecta directamente a la salud del paciente, y defiende que la garantía va inherente al servicio.
El Colegio denuncia las circunstancias en todo este tipo de empresas que son repetitivas y dan el beneficio a las franquicias. "Hay que informar a los pacientes sobre los posibles peligros a los que se exponen acudiendo a este tipo de empresas. La Administración debe tomar cartas en el asunto. Debe regular este ámbito de la salud", afirma el doctor, que añade que "hay una serie de normas genéricas que se transgreden y que afectan a la salud de los pacientes".
Para el presidente del Colegio este tipo de empresas se dedican a explotar servicios dentales. "El conflicto está en que este tipo de empresas basan su captación de clientes en una publicidad engañosa, falsa, agresiva, desmesurada, que denigra la profesión para captar pacientes", afirma. "Desde el Colegio instamos a la Administración a que regule la publicidad o que la prohíba. Una escayola para un brazo roto o una operación de cadera no se venden. Entramos en un mercadeo exagerado. La publicidad en la sanidad debería ser exclusivamente informativa, pero las campañas elaboradas por las franquicias se hacen sobre cualquier soporte: en un azucarillo, en el packaging de McDonalds...", añade.
INTRUSISMO. Según Roser, existen muchos aspectos mejorables en las franquicias de clínicas dentales. "Por ejemplo, la ley dice que la clínica dental debe ser dirigida, organizada y gestionada por un dentista. En estos centros, el dentista ni dirige, ni organiza, ni gestiona. Existe la sospecha de que a menudo la persona que se sienta con el paciente para aconsejarle el tratamiento es el gerente, el propietario o el que tiene el interés económico, por lo que recomienda el tratamiento más caro. Además, el 90% de los tratamientos llevan una financiación obligada", considera.
Roser opina que las condiciones laborales que tienen los trabajadores de las franquicias son "pésimas". En muchas ocasiones, los dentistas no son autónomos y pueden ser despedidos en cualquier momento. La sospecha es que algunos dentistas hacen lo que se les manda. Tiene claro cuál es el modo de funcionamiento de algunas empresas: el dentista ve al paciente y pasa el diagnóstico al gerente, y es este quien con el paciente en el despacho, sin el dentista, le explica todo y le recomienda el mejor tratamiento, para después indicarle al doctor el procedimiento a seguir con dicho paciente.
El dentista al final se ve presionado, por lo que no le queda más remedio que seguir las órdenes para conservar su puesto de trabajo, porque en la puerta hay muchos más esperando. "Se ha creado un conflicto deontológico en la profesión muy grande, ya que el paciente previamente ya ha aceptado y firmado el tratamiento", afirma.
INFORMACIÓN. Para el presidente la lucha del Colegio es dar formación e información al paciente para que se cuide correctamente. "Ir al dentista es caro porque se llega tarde. Si se revisa periodicamente, una limpieza al año no es cara, pero cuando se va al dentista una vez hecho el propio diagnóstico, entonces ahí sí aumenta el precio", explica. "Además, el Programa de Atención Dental Infantil (PADI) de Balears es gratuito y lo proporciona la Administración. La sanidad pública costea el tratamiento de los niños y solo el 35% con derecho a él le dan uso a esta opción", añade.
El especialista cree que la burbuja de las franquicias dentales no ha ayudado a democratizar el precio. "El precio es prácticamente el mismo. Se disfraza con la financiación, publicidad y facilidad de pago. Al final, se baja la calidad de la prestación, del servicio", concluye.