Con la última prórroga de seis meses de la moratoria concursal, abogados y jueces están cuestionando si no se está contribuyendo a una zombificación del tejido empresarial. Como saben, el plazo acababa el 31 de diciembre, pero el Gobierno ha decidido prorrogarlo hasta el 30 de junio del año que viene e incluso se habla de que se aprobará una tercera prórroga que llegaría hasta septiembre de 2022. Ya sabemos que el impacto sostenido en la actividad económica que tuvo la pandemia COVID-19 provocó que el Ejecutivo adoptara una serie de medidas destinadas a reforzar la liquidez y solvencia de las empresas así como también, desde el punto de vista jurídico, a extender algunas medidas en el ámbito de la Administración de Justicia como por ejemplo, la moratoria concursal. Ello significaba que quedaba suspendido el deber de solicitar la declaración de concurso de acreedores o la tramitación de solicitud de concurso así como también a aquellas empresas en dificultades que tuvieran aprobados convenios de acreedores o firmados acuerdos extrajudiciales de pago. La duda surge sobre si realmente hacía falta ahora volver a prorrogar estas medidas inéditas después de las ayudas y un verano récord de facturación. Por otro lado, el 28 de febrero de 2022 también caducarán los ERTE covid que en el mes de setiembre fueron prorrogados por sexta vez, tras un acuerdo in extremis entre agentes sociales pero visto lo visto, igual también los prorrogan. Por lo tanto, seguimos dopando la economía real creando una situación inédita en la que se ha colado la actual crisis energética y la subida de materias primas, en una especie de cuello de botella que va asfixiando cada día que pasa a más y más empresas cuyo efecto dominó llegará hasta la barra de pan. ¿Qué pasará cuando el árbitro pite el final del partido? Es una verdadera incógnita.
Por ello, antes que sea demasiado tarde y con la seria amenaza de una sexta ola que recorre Europa y nos hace temer lo peor para el resto de países vecinos, nuestros mayores escudos de defensa han de ser los fondos Next Generation, cuyo despliegue y reparto no admite demora ni burocracia alguna. Es verdaderamente el ahora o nunca de un momento complejo e incierto donde nos estamos jugando la prosperidad de las futuras generaciones a las que estamos entregando un futuro con unas hipotecas a las que tienen el derecho de poder hacer frente. Es un momento también para recuperar la confianza en nuestros administradores públicos. Por el bien de todos, que no nos defrauden.