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Una ILP para las futuras generaciones

La portavoz del GOB Margalida Ramis considera que la ley turística debería ser más firme en la reducción de plazas.

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El movimiento ecologista GOB impulsa una nueva campaña llamada ‘Avui per demà' que tiene como principal hito promover en el Parlament una Inicitiva Legislativa Popular (ILP) para impulsar la Ley de bienestar para las generaciones presentes y futuras de las Illes Balears. Margalida Ramis, portavoz del Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB Mallorca), explica su contenido y repasa la actualidad turística de las Islas.

¿Qué es la Ley de bienestar para las generaciones presentes y futuras de les Illes Balears?
Los marcos normativos existentes a día de hoy no están preparados para afrontar el cambio climático. Estamos ejecutando carreteras que vienen de un plan sectorial de 1998 que no está adaptado a la emergencia climática ni a la sobresaturación de infraestructuras. No podemos ir ley por ley, así que nuestra idea es plantear un instrumento marco. Ahora mismo, cualquier ley debe venir acompañada de un informe de género y de otro de impacto climático. Esta ley plantea añadir otro informe de impacto intergeneracional. Pedimos que se haga una prospectiva para pensar en los recursos que existirán a largo plazo y cómo condiciona esta ley el bienestar de las generaciones futuras, que entendemos que es que tengan cubierto el acceso a derechos fundamentales básicos -vivienda, cultura, educación, sanidad- y a recursos naturales.

¿Que afectaría solo a las leyes de nueva aprobación?
Sí.

Proponen la creación de una comisión consultiva.
Sí. Partimos de una ley de bienestar de generaciones futuras que ya existe en Gales, que tiene 54 páginas y cuenta con una figura de una persona que se encarga de velar por el bienestar de las generaciones futuras. Nosotros tuvimos que encajarla en nuestra realidad parlamentaria y dentro de una ILP. Una ILP tiene muchas limitaciones, como por ejemplo que los folios de recogida de firmas deben tener el texto de la ley impreso en el anverso. Por tanto, debe ser breve y hay que dejar muchos temas pendiente del desarrollo de la ley. Perdemos el control, pero confiamos en nuestro papel de movilización cuando se tramite el desarrollo.

Pero el informe no será vinculante.
La comisión estará conformada por personas que no serán de las adminsitraciones y que serán expertas en los siete ámbitos relacionados con los objetivos de bienestar, que son prosperidad social colectiva, resiliencia con el entorno natural, salud, igualdad, cohesión, cultura y responsabilidad. La comisión deberá ser interterritorial, intergeneracional y paritaria. Estas personas evaluarán la ley y harán un informe, que será no vinculante porque no hemos encontrado la manera legal de poderlo hacer vinculante siendo. Si el informe no es favorable, la ley obliga a abrir un proceso de consulta pública. Con esto queremos abrir la democracia y la corresponsabilidad sobre las decisiones que afectan a las próximas generaciones.

Solo necesitan 7.500 firmas, ¿es un reto asumible?
Sí, sin duda.

Seguro que hay quien piensa que si quieren legislar deberían presentarse a las elecciones.
Nuestro papel es de movimiento social y de ecologismo social, lo tenemos clarísismo. Tenemos herramientas, como las Iniciativas Legislativas Populares, y esta es nuestra propuesta. Todo esto va asociado a una campaña que durará cuatro meses. Hemos hecho un manifiesto para que las entidades, que no pueden firmar la ILP, se puedan adherir a la iniciativa. Y a título personal sí que se puede firmar. Queremos generar el debate público necesario para que se vea que el cambio de paradigma es imprescindible. Tenemos herramientas de movilización, incidencia política, denuncia, debate… y de ir más allá. Además, todo esto parte del trabajo previo hecho los últimos dos o tres años. La COVID ha hecho más evidente la sensación de que vamos en la dirección contraria a la que deberíamos ir. Intentábamos que el pensamiento que generábamos tuviese como esfera la necesidad de caminar hacia una transición ecosocial. Es decir, mitigar la huella, pero también transformar el modelo de sociedad para que esto sea posible. No es pintar de verde lo que tenemos ahora, o hacerlo sostenible, o circular, sino girar hacia una sociedad menos intensiva en consumo de energía y materiales. Hacemos propuestas desde el ecologismo pero también con una mirada social porque estos cambios, si no le ponemos la mirada social tienen peligros como la elitización, quién accede a los pocos recursos que quedan…

Y plantean también un acto central, que tendrá lugar el 28 de mayo, en el que pretenden crear un gran mosaico en la plaça Major de Palma.
Forma parte de la campaña Avui per demà, que también copiamos el lema de Gales, Today for Tomorrow. El trabajo de redacción de la ILP la ha asumido el GOB, pero ya se han adherido 47 asociaciones y ahora estamos en conversaciones con movimientos ecologistas estatales como Ecocidio, Ecologistas en acción, Greenpeace…

El conseller Iago Negueruela ha dicho que la iniciativa es interesante.
Muy bien. Estamos haciendo una ronda con los partidos parlamentarios con la idea de que la ley salga por unanimidad con la excepción de Vox.

¿Esta ILP es en contra del Govern?
No, ni mucho menos. Se ha pensado para que sea una propuesta en positivo para revertir la idea de ‘tanmateix, no hay nada que hacer'. Queremos generar una propuesta colectiva, en positivo y que genere esperanza. Puede ser que el mundo se esté acabando, la sensación de colapso y de abismo está muy presente, pero también es cierto que se está acabando como ha sido hasta ahora, pero podemos idear cómo queremos que sea en el futuro. Podemos ser agentes activos del futuro.

¿Han pactado el apoyo de los grupos parlamentarios?
Estamos haciendo las reuniones ahora para recoger los ‘peros'. La reticencia más generalizada es que enrederará todavía más la tramitación administrativa. Creo que se quedarán con esta excusa de forma para no mojarse con el contenido, pero solo supondría añadir una mirada más. No veo inconveniente.

¿Están en contra de las políticas de este Govern?
Es difícil hacer una valoración global porque cada conselleria o cada administración es un mundo. La decepción mayor es haber tenido tan claras las evidencias de la vulnerabilidad del modelo económico, haberse llenado la boca tantos años de diversificación y cambio de modelo, y que nos encontremos ahora que el objetivo principal del PSOE es intensifcar y reforzar el sector turístico como pilar de la economía.

Hay otras fuerzas políticas en el Govern que también son responsables, ¿no?
Totalmente, pero quien tiene las competencias en turismo y modelo económico es el PSOE.

No sé si es mérito del GOB, pero ha calado la idea de que el Govern cree en la sostenibilidad, la economía circular y el turismo regenerativo.
No es mérito del GOB, sino de los fondos Next Generation. Europa se ha endeudado hasta las cejas. Tiene un problema energético muy grande y ha querido reforzar la transición verde y digital, que es una transición tecnológica para las mismas empresas de siempre. El programa ‘España Puede', a nivel de lenguaje, ha asimilado los conceptos, pero en la práctica es capitalismo verde. Un lavado de cara.

¿Cree que el Govern no apuesta por la sostenibilidad?
Ha asumido el relato perfectamente. De hecho, la presidenta del Govern se ha reunido con entidades ecologistas en Bruselas y con nosotros no. Nosotros nos hemos puesto a disposición, queremos que se abra el diálogo social no solo a patronales y sindicatos mayoritarios. Nosotros tenemos propuestas. Y el Govern no ha querido.

¿Pero cree el GOB cree que el Govern apuesta por la sostenibilidad o no?
El GOB no lo cree. En todo caso, podemos decir que apuesta por la sostenibilidad empresarial basada en el turismo. Para nosotros, la sostenibilidad debe implicar decrecimiento.

El Govern ha fijado una moratoria de nuevas plazas.
Nosotros no supimos nada hasta que se presentaron las líneas básicas de la nueva ley en Fitur. Conocimos el texto de la ley cuando ya estuvo publicado. No compartimos el fondo, porque pensamos que podría haber dado pasos más firmes en reducción de plazas, reconversión de plazas, rebajar intensidad… en lugar de consolidar estructuras. Han puesto la palabra decrecimiento y la palabra límite, esto es mérito de las presiones sociales, pero se han utilizado para pervertirlas.

Pero los hoteleros apuestan por la sostenibilidad.
Es una marca. El dinero consigue lo que las movilizaciones ciudadanas no consiguen. Hasta ahora tenían estímulos de retorno económico para poner sistemas de eficiencia energética, como placas solares para agua caliente, ahorro de agua, etiquetas de sellos europeos… Las medidas que pueden emprender para reducir su huella como empresa son necesarias, pero no suficientes. La transformación del modelo turístico no depende de la transformación de las empresas turísticas solamente. También necesitamos una mirada global hacia la diversificación. Ya me gustaría ver una ley similar a la de circularidad y sostenibilidad turística en el sector agrario, de impulso y transformación y de flujo de ayudas europeas, pero sigue siendo no estratégico. Nuestro Govern tiene gestos, pero no son suficientes.

¿Están en contra de la nueva ley turística?
Hemos presentado alegaciones. No compartimos el enfoque en términos genéricos, porque aumenta los activos del sector hotelero en el momento que aumentan categoría, consolidan oferta y aumentan de precio el patrimonio inmobiliario hotelero. Y tenemos disparidad de criterios respecto a la clasificación de las estrellas.

Hay hoteles que apuestan por reutilizar las aguas grises, pero la ley no obliga a medidas de este tipo.
No hay obligatoriedad en estas medidas. Hay iniciativas interesantes en consumo de producto local... discutimos la ley en sí porque está pensada para el empresariado hotelero, no ya el sector turístico. Le garantizamos inversiones y estamos pagando la transición al sector hotelero. Y esta transición no es la que queremos. En cuanto a la moratoria, nos parece bien pero queremos que la congelación sea definitiva o que se mire según la capacidad de carga ecológica, no turística, y debería definirse en la ley.

Todo indica que vamos a recuperar los números de 2019. Parecía que había cambiado alguna cosa, pero ahora ya hay serias dudas.
No ha cambiado casi nada. Hay personas que aún mantienen que no se pueden mantener las condiciones de bienestar sin crecer económicamente. La exclusión social, la pobreza… aumentan. ¿Del bienestar de quién estamos hablando? El crecimiento ya ha llegado al límite, hay que reinvertarse. No es el capitalismo verde la solución. El objetivo no puede ser continuar acumulando riqueza, sino sostener vidas dignas mínimamente, y esto no se plantea. A nivel político es difícil, pero nuestro trabajo es picar piedra.

Al menos se ha llegado a un acuerdo para limitar el número de cruceros.
¿Se han limitado? No. Se ha conseguido un supuesto acuerdo que yo no he visto y que se incumple sistemáticamente. Tenían que ser 20 excepciones y ya se han producido 31. Se han llenado la boca hablando del acuerdo, no se cumple y no pasa nada.

Todo parece apuntar a que tendremos de nuevo una invasión de coches de alquiler.
Cuesta creer que no se pueda limitar el número de vehículos de alquiler. Tenemos el precedente de Formentera que es maravilloso.

¿Y sobre los chiringuitos en las playas de es Trenc?
Tenemos un parque natural. Nadie debería esperar encontrarse servicios en un entorno natural como la playa de es Trenc. El problema es el impacto de la masificación, que requiere de unos servicios. Ni tres ni seis, no debería haber ningún chiringuito.

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