Los profesionales de la salud son el principal activo tanto del Sistema Nacional de Salud (SNS), como en la red de instituciones privadas. Pero son un colectivo que se ve afectado por agresiones de diferente índole en el ejercicio de su actividad profesional. Se considera una epidemia, donde se pone en riesgo y se producen efectos nocivos tanto en la seguridad como en la salud de la persona afectada. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia en el lugar de trabajo como «todos aquellos incidentes en los que la persona es objeto de malos tratos, amenazas o ataques en circunstancias relacionadas con su trabajo, incluyendo el trayecto entre el domicilio y el trabajo, con la implicación que se amenace explícita o implícitamente su seguridad, su bienestar y su salud».
Los resultados obtenidos en el informe de las agresiones a profesionales por el Ministerio de Sanidad (2021) muestran que el perfil del profesional agredido corresponde mayoritariamente a mujeres, de 35-55 años y, principalmente, personal facultativo y administrativo. Un 40% de las agresiones ocurren en consulta y en admisióń e información. La tasa de notificación en atención primaria es 3,85 veces superior a hospitalaria en 2021. La mayoría son agresiones verbales y amenazas. En 2021 se notifica una agresión física por cada 5,77 agresiones no físicas. La causa alegada es el trato percibido, al igual que en años anteriores. Sin embargo, el resto de causas analizadas tiene unos porcentajes bastante similares (un 23,74% son causas ajenas a la organización; 20,34% a la asistencia prestada, y el 20,04% relacionada con el propio acto sanitario o administrativo). Respecto al perfil de la persona agresora, no varía con respecto a los años previos, usuario/paciente, pero se produce un aumento llegando hasta el 74%, mientras que el perfil familiar/acompañante desciende hasta un 26%. Un 59 % de las veces son hombres y el 19% corresponden al perfil de reincidentes.
Las recomendaciones para paliar el problema se dividen en tres áreas: a) promoción y prevención; b) gestión de la información, y c) apoyo y respuesta. Empezando por la primera, se precisa priorizar la identificación de centros, áreas y puestos de trabajo con una mayor exposición a las agresiones. Impulsar una cultura preventiva a través de acciones o medidas de protección. Organizar y proporcionar formación e información específica a los profesionales para conocer medidas de actuación ante una posible agresión (habilidades sociales, autogestión y contrabalanceo emocional). En el área de gestión de la información, potenciar un sistema de notificaciones de agresiones veraz, con una metodología homogénea para recopilar, analizar y actualizar los datos oficiales de las agresiones. Monitorizar la eficacia de las medidas adoptadas en la promoción, prevención, respuesta y apoyo. Por último, en el área de apoyo y respuesta se deberán adoptar y ejecutar un protocolo de actuación común coordinado y consensuado con todos los agentes implicados, incluidas las Fuerzas de Seguridad del Estado. No se debe olvidar apoyar a los profesionales que hayan sufrido agresiones con el asesoramiento, rehabilitación y atención psicológica oportuna. Proporcionar además el respaldo jurídico necesario. Continuar avanzando en la aplicación telefónica «Alertcops», en la actualidad disponible para todo ciudadano con la intención de comunicar cualquier suceso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Se pretende así proteger frente a este tipo de violencia en el lugar de trabajo, y sobre todo a este bien preciado, los profesionales de la salud.