Desde el pasado viernes 1 de diciembre todas las empresas con más de 50 trabajadores tienen que tener implantado por ley un «canal de denuncias interno» para detectar posibles casos de corrupción, so pena de multas de hasta 1 millón de euros.
Dicha ley es la 2/2023 reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, que incorpora o traspone al derecho español la Directiva UE 2019/1937 relativa al régimen del denunciante o «whistleblowing». Con ello se pretende proteger a los ciudadanos informantes de las represalias que puedan sufrir cuando informen sobre infracciones del ordenamiento jurídico en el marco de una relación laboral o profesional. Además, trata de fortalecer la cultura de la comunicación de infracciones como mecanismo para prevenir y detectar amenazas al interés público.
El sistema interno de información ha de estar diseñado, establecido y gestionado de una forma segura, independiente y debe garantizar la confidencialidad de la identidad del informante, de cualquier tercero involucrado y de las actuaciones que se desarrollen. Así pues las empresas que cuenten con más de 50 trabajadores tienen una normativa más, la enésima, que cumplir. Algunas de estas normativas son la de disponer de una cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad, elaboración de un plan de igualdad, registro y auditoria retributiva anual, protocolo de acoso laboral, protocolo de desconexión digital, representación legal de los trabajadores (comité de empresa) o el cálculo y registro de la huella de carbono, entre otros. No es de extrañar que muchos empresarios se planteen crecer y contratar a más personas, pues saben que pasar de 49 a 50 trabajadores les va a suponer un coste extra. Algo curioso, por decirlo de alguna forma, es que varias de estas leyes son también aplicables a la administración o empresas públicas, y son las primeras que las desconocen, o lo que es peor, las conocen, pero no las aplican.
Así pues las empresas de Balears tienen que ponerse las pilas para cumplir con todas estas leyes puesto que el plazo legal para poder hacerlo ya ha acabado, por lo que si se ponen en marcha ya en caso de una inspección pueden evitar una sanción si pueden demostrar que por lo menos se está trabajando en ello.