Una de las promesas electorales que hizo el PP si conseguía gobernar en el Consell d'Eivissa era mano dura contra el intrusismo. Y fue entonces como el equipo liderado por Vicent Marí puso en marcha en la legislatura pasada la Oficina de Lucha contra el Intrusismo, un órgano de administración pionero en la comunidad y que «ha puesto en la agenda balear el grave problema del alquiler de pisos particulares a turistas». «Creamos esta oficina específica por dos razones muy claras. En 2019 ya se veía que uno de los problemas de la falta de vivienda era que no había pisos para todo el año porque se destinaban al alquiler turístico y esto es piratería. La segunda, hacen competencia desleal no sólo a viviendas vacacionales sino también a hoteles y a otros tipos de establecimientos de alojamiento turístico reglado y que pagan sus impuestos», explica Mariano Juan, vicepresidente primero del Consell d'Eivissa y conseller de Lucha contra el Intrusismo.
PRIORIDADES. Cuando llegaron al gobierno de la máxima institución insular en la legislatura pasada vieron que el mismo departamento (ordenación turística) se encargaba de cuestiones menores, como quejas por un toldo de un restaurante, a otras más específicas. «Cuando llegamos al gobierno en la legislatura pasada vimos que no había habido casi actividad en cuanto a sanciones a pisos turísticos y, en cambio, me encontré casos, y esto es verídico, que teníamos expedientes abiertos porque en un restaurante a alguien no le habían tratado bien al no servirle un vaso de agua. Todo estaba al mismo nivel y no había priorización en materia de pisos turísticos ilegales. Ahí fue cuando decidimos crear la oficina específica de lucha contra el intrusismo», precisa Juan.
El objetivo de este departamento es «dar salida a todas las denuncias que encontramos en los cajones porque no había capacidad para poder tramitar esas actas porque se dedicaban recursos a infracciones menores de establecimientos legales que sí que pagan sus impuestos en lugar de perseguir a quienes ejercían actividades ilegales». Se dotó de recursos a la oficina, algo que no se ha parado de hacer desde que se creó hace cuatro años. De hecho, el año pasado se contrataron a tres inspectores más, por lo que ahora cuentan con ocho.
Otro de los objetivos de esta oficina específica de lucha contra el intrusismo es buscar y proponer medidas que permitan acabar con esta lacra. Así, consiguieron cambiar la ley para que «los inspectores pudieran hacerse pasar por turistas de incógnito; antes no podían porque la ley les obligaba a identificarse. Conseguimos que el Govern cambiara esta cuestión». Además, han conseguido que las sanciones mínimas pasasen de 20.000 a 40.000 euros, «antes les salía a cuenta la acción infractora, ahora no», precisa Mariano Juan, y la última medida que han conseguido es que se aprobaran medidas cautelares. «Es decir, hemos ido proponiendo muchas medidas y reformas legales para poder trabajar mejor», detalla.
A esto se suma aquellas iniciativas que han impulsado desde el propio Consell para aplicárselas a ellos mismos, como es el caso del protocolo de colaboración con Airbnb que fue importante no sólo por la retirada de anuncios (más de medio millar) sino por el hecho de que la plataforma facilite la identificación de los infractores. «Con este protocolo hemos identificado a más de 130 personas que en este momento están recibiendo las notificaciones del Consell d'Eivissa con sanciones de 40.000 euros». Visto el éxito del protocolo con Airbnb, actualmente han suscrito otro con Booking. A esto se suma también la estrecha colaboración con la Policía Nacional para que identifique anuncios y perfiles en redes sociales que alquilan pisos particulares a turistas.
LAS CIFRAS. El buen hacer de esta Oficina de Lucha contra el Intrusismo del Consell d'Eivissa se puede comprobar en las cifras, pues hasta el momento llevan unos 200 expedientes tramitados y una recaudación en sanciones que supera los 2,1 millones de euros. En comparación con 2019, además, ha bajado la presencia de anuncios de pisos que se alquilan ilegalmente a turistas. En este sentido, según datos de la patronal Exceltur, se pasó de las 7.800 que había en 2019 a las poco más de 4.000 que se contabilizaron en 2023, lo que representa una bajada del 49%. Y mientras en el resto del país el alquiler de pisos a turistas sigue desbocado, este 2024 continúa en la misma línea de reducción en el caso de Eivissa, en concreto, de un 17% en el primer trimestre del presente ejercicio.
En paralelo, la última encuesta de viviendas turísticas del INE pone de manifiesto que el grado de penetración de pisos turísticos sobre la vivienda de uso particular se reduce en los cinco municipios de Eivissa. «Tenemos dos fuentes de datos independientes al Consell d'Eivissa que avalan el trabajo que estamos haciendo porque están disminuyendo el número de anuncios. ¿Significa que ya está todo el trabajo hecho? Por supuesto que no, tenemos por delante mucho por hacer aún», precisa Mariano Juan. El trabajo en la Oficina de Lucha contra el Intrusismo es incesante. Además de incrementar el número de inspectores, están estudiando las fórmulas legales para poder ampliar el número de instructores. «Necesitamos fuerza instructora para sacar adelante el número de expedientes. Esto es trabajo en equipo, es una cadena», aclara Mariano Juan.
OBLIGACIONES. Juan destaca que a finales del año pasado se aprobó una nueva normativa europea que concreta qué obligaciones tienen las plataformas como Airbnb o Booking, los datos que tienen que ceder y los plazos para hacerlo. Además, ordena a los países a crear la figura de un coordinador «para centralizar este intercambio de información, es decir, que las autoridades turísticas tendremos un nuevo aliado para que fuerce a las plataformas a que nos dé la información que requerimos». El Consell d'Eivissa fue la primera administración en España que se dirigió al Gobierno central cuando se publicó esta normativa para pedirle que creara esta figura de coordinador. «Se nos contestó que faltaba desarrollo normativo por parte del Gobierno para que se pueda poner en marcha; seguiremos insistiendo porque es un organismo que puede ser muy importante en la lucha contra los pisos turísticos». También hay que insistir, según precisa Mariano Juan, en que las plataformas se «corresponsabilicen de lo que pasa y de los anuncios que tienen».
A ello se suma el trabajo en colaboración con el Govern, «que está alineado en esta cuestión», que en el decreto de emergencia habitacional contempla la posibilidad de precinto de los pisos turísticos.
También se impulsan protocolos de actuación y colaboración entre los cinco ayuntamientos de Eivissa y el Consell para que los ayuntamientos detallen la oferta de pisos que se alquilan ilegalmente a turistas. Según destaca Mariano Juan, la predisposición de los cinco ayuntamientos es buena, pues son conscientes del grave problema habitacional que tiene la isla de Eivissa en su conjunto. De hecho, hay municipios que han creado unidades específicas de lucha contra el intrusismo y, en concreto, contra los pisos que se alquilan ilegalmente a turistas. Es el caso de Santa Eulària y de Vila, donde el Consistorio ha contabilizado más de 900 pisos que se están alquilando ilegalmente a turistas.
PIAT y PTI. En paralelo a la lucha contra los pisos turísticos se encuentran dos instrumentos urbanísticos muy importantes que contribuyen a frenar esta lacra, como son el PIAT y el PTI. En el primer caso, es el instrumento que fijará el techo turístico de la isla de Eivissa gracias a las aportaciones de ayuntamientos, agentes turísticos, sociales, medioambientales y expertos, por lo que servirá para llegar a un acuerdo sobre qué hacer con la bolsa de 9.000 plazas turísticas. Esta bolsa, según recuerda el vicepresidente y conseller de Lucha contra el Intrusismo, es fruto del decrecimiento de plazas hoteleras que ha experimentado Eivissa en los últimos años. En el caso del PTI, la modificación puntual número dos que se aprobó el año pasado prohíbe el alquiler turístico en todas las viviendas posteriores a 1956, por lo que se reduce en más de un 80% el alquiler turístico en el campo. «El PIAT y el PTI van en la línea de no crecer más y contener lo que tenemos», concluye Mariano Juan.