El paisaje en mosaico que privilegia Menorca en el que conviven campos cultivados, huertas, sembrados, pastos y diferentes tipos de bosques, no ha sido fruto del azar sino de la transformación paulatina llevada a cabo por la especie humana. Un paisaje donde la agricultura ha jugado un papel esencial que ha acabado configurando lo que hoy podemos contemplar. Sin embargo, el progresivo abandono del campo provocado por un entorno global que compite con producciones a gran escala y la búsqueda de un mayor beneficio a corto plazo con explotaciones intensivas, ha hecho necesario buscar un equilibrio que ayudase a corregir esta situación. Con esta filosofía nació en 2004 el programa de Custodia Agraria de la mano del Grupo Ornitológico Balear de Menorca (GOB Menorca) cuyo propósito era poder aplicar un modelo de gestión sostenible que fuera viable económicamente. Veinte años después, son 39 las fincas adscritas a esta iniciativa que demuestra que la viabilidad del campo menorquín no es una quimera.
PROGRAMA. El programa de Custodia Agraria fundamenta su compromiso mediante la firma de un acuerdo entre los gestores de la finca y el GOB Menorca, un pacto de ayuda mutua sin contraprestación económica basado en una visión compartida a futuro que consiste en aplicar un modelo agrario resiliente y sostenible donde gane el medio ambiente y gane la economía.
Un compromiso de manejo del campo con respeto por la naturaleza donde la entidad ecologista aporta contraprestaciones en forma de voluntariado, formación, inversiones directas o estudios diversos. «Este proyecto surgió en un contexto de crisis del campo, donde si no se hacía nada para frenar el abandono de la agricultura, hubiéramos acabado perdiendo no sólo las fincas, sino también la biodiversidad asociada al paisaje en mosaico típico del campo menorquín, un elemento clave que la declaración de la Isla como Reserva de la Biosfera, había puesto en valor unos años antes», explica Jara Febrer, coordinadora del programa Custodia Agraria.
«De algún modo, este modelo virtuoso de custodia del territorio es una filosofía que identifica un objetivo para el bien común de todos los menorquines, que es el mantenimiento del paisaje y los valores culturales de Menorca a través de una economía local en la que todos nos podemos implicar. Desde los agentes custodios, que son los propios campesinos del GOB, que es la entidad que se encarga de salvaguardar este cumplimiento, a las administraciones públicas que deben promover políticas que favorezcan este tipo de agricultura y finalmente la sociedad y el tejido empresarial, desde restauración a colectividades como comedores escolares o hospitales para que consuman sus productos», comenta.
CINCO PACTOS. El programa de prácticas agrarias sostenibles parametriza cinco grandes áreas a desarrollar en la finca. La primera trata de identificar el tipo de cultivo vegetal y de ganadería que explota la finca, donde se fomentan las variedades locales y razas autóctonas, cuya adaptación y resistencia es mucho mejor. «De este modo también se está contribuyendo a mantener la biodiversidad genética y los valores culturales propios. Las vacas de raza autóctona, por ejemplo, aprovechan mejor los pastos y son capaces de alimentarse de lo que encuentran en el paisaje», añade Febrer. «Les ayudamos en la implantación de árboles productivos o en la siembra de plantas leguminosas, que son mejores para el suelo y reducen la necesidad de abono, por ejemplo», detalla.
El segundo bloque es la gestión que se lleva a cabo en la finca, incidiendo en poder llevar un pastoreo dirigido que contribuye a aumentar la fertilidad de los suelos y facilita, a la vez, que se necesite menos pienso para la alimentación. «En la gestión también se persigue mejorar los sistemas de plantación que combinen la captación y conservación del agua con técnicas de regeneración de la tierra o la utilización del riego gota a gota», explica.
Otro compromiso del programa incide en mantener una vegetación perimetral que tiene una función de corredor biológico para toda la microfauna que habita en las zonas agrarias, que a la vez ayuda a controlar mejor las plagas y reduce, por ejemplo, la necesidad de pesticidas. También está la tarea de promoción de los productos que elaboran las fincas a través de un catálogo de venta directa como también de visitas que cada año se organizan para conocer in situ los resultados de toda esta labor.
MENOR IMPACTO CO2. Las fincas que trabajan dentro del programa de Custodia Agraria presentan una menor huella ecológica que la media estatal de una finca tradicional, tal y como demuestran varios estudios elaborados por Global Footprint Network, la entidad de referencia a nivel mundial que se encarga de medir estas cuestiones. «Los embutidos que producen estas fincas, tienen una huella ecológica inferior a un 56 por ciento que la media estatal de producción de embutidos. Lo mismo pasa con la huella que genera la carne de ternera de estas fincas, que es un 60 por ciento inferior a la media o las frutas y las verduras, que es de un 66 por ciento», explica Febrer.
Para calcular la huella ecológica asociada al proceso productivo se tienen en cuenta muchos factores, desde el uso de tierras para la producción de alimentos, la compra de piensos, forrajes y fertilizantes, y su transporte, la energía y los combustibles utilizados en todo el proceso productivo o el personal necesario para realizar el trabajo. De éstos, el factor con un peso más importante es el relativo a la alimentación de los animales; tanto las tierras utilizadas en la finca, como las necesarias para la producción de piensos y forrajes comprados externamente.
La diferencia entre las fincas de Custodia Agraria y las convencionales radica especialmente en la parte de «huella de carbono, es decir, reducen el uso de energías fósiles, fertilizantes químicos y transporte de piensos externos y, obviamente, ganan en cuanto a circuitos cortos de comercialización o lo que es lo mismo, consumo de proximidad», detalla. Las 39 fincas que están dentro del programa de Custodia Agraria alcanzan un total de tres mil hectáreas, lo que equivale aproximadamente a un seis por ciento de la superficie agraria. «Todavía nos queda camino por recorrer para que más y más fincas se sumen a esta iniciativa, los beneficios ambientales y económicos de la cual nadie duda», concluye.