En plena temporada alta, el aeropuerto de Palma se encuentra inmerso en obras, y ya van tres veranos seguidos. Esta situación genera un creciente malestar entre usuarios, trabajadores y autoridades, máxime tras el reciente accidente ocurrido en la terminal de llegadas. El aeropuerto afronta estos meses con una presión sin precedentes: hasta 60 vuelos por hora y más de 5.000 personas entrando y saliendo simultáneamente del recinto donde muchas conexiones siguen siendo provisionales, con recorridos incómodos y señalización confusa. Es normal que las quejas de todos los que transitan por el aeropuerto sean, por tanto, constantes. El pasado 24 de junio, un derrumbe en la zona de llegadas provocó la caída de cascotes sobre una claraboya acristalada, justo encima del acceso a la recogida de equipajes. Aunque no hubo heridos, el incidente fue aparatoso y alarmante.
AENA ha atribuido el suceso a la negligencia de un trabajador de una subcontrata que se saltó los protocolos de seguridad. Este hecho ha reavivado el debate sobre la idoneidad de realizar obras de gran envergadura en plena temporada. Paradójicamente, mientras en muchos municipios turísticos de la isla está prohibido realizar obras durante los meses estivales para no molestar a residentes y visitantes, el aeropuerto -infraestructura de visita inexcusable- opera bajo una lógica distinta. Esta incoherencia normativa pone en evidencia una falta de coordinación entre administraciones y una visión fragmentada del modelo turístico.
Este tipo de decisiones, tomadas desde despachos de Madrid por AENA, refuerzan la percepción de desconexión entre la gestión aeroportuaria y la realidad insular. Si el aeropuerto estuviera gestionado directamente desde aquí, con una autoridad propia y autonomía de decisión, se priorizarían los intereses del territorio y del sector turístico local. Una planificación más sensible al calendario estacional y a las necesidades del destino evitaría desastres como el reciente derrumbe y mejoraría la experiencia de todos sus usuarios.
Más allá de las molestias, las obras afectan directamente a la experiencia del usuario. En un destino donde el turismo representa más del 40% del PIB, la primera impresión cuenta. Un aeropuerto en obras, con pasillos improvisados y señalización deficiente, puede empañar la imagen de calidad que Mallorca intenta proyectar. Además, los retrasos y desvíos internos generan costes adicionales para aerolíneas, operadores turísticos y empresas de transporte. Desde AENA se defiende que el proyecto de remodelización -con una inversión de 560 millones de euros- es necesario para modernizar el aeropuerto y adaptarlo al crecimiento del tráfico aéreo. Sin embargo, la elección del calendario en la ejecución sigue siendo cuestionable. La situación del aeropuerto es un claro ejemplo de cómo una planificación técnica, puede entrar en conflicto con la lógica económica y turística de un territorio. En un archipiélago donde el turismo es el motor vital, las infraestructuras deben estar al servicio de residentes y visitantes, no convertirse en un permanente obstáculo.