La cuestión del pago de impuestos y su uso eficiente siempre genera debate. Entre los jóvenes, cada vez más, se instala la idea de que los tributos solo son una carga y no un beneficio. Se lanzan campañas para contrarrestar esta percepción, aunque dudo de su eficacia en este sector de población. Lo cierto es que los impuestos no son un concepto abstracto: financian servicios concretos que usamos a diario, y uno de los capítulos más visibles y crecientes es el gasto farmacéutico.
Hasta mayo de 2025, la factura acumulada en medicamentos dispensados con receta en el Sistema Nacional de Salud alcanza 5.742 millones de euros, un 2,8% más que en el mismo periodo del año anterior. El interanual móvil llega a 13.505 millones, con un incremento del 3,7%. En Illes Balears, la evolución es calcada: 290,5 millones de gasto interanual, también con un 3,7% de subida. El dato clave es que el coste medio por receta aumenta más deprisa que el número de envases.
A escala europea, los datos de la OCDE sitúan a nuestro país en una posición intermedia: lejos de los niveles más altos de Alemania o los países nórdicos, pero por encima de buena parte del sur y del este del continente. Una foto que no debería tranquilizarnos: la tendencia es clara, el gasto crece, y con él las dudas sobre la sostenibilidad futura del sistema. La OMS insiste en que el uso racional del medicamento significa recibir el fármaco necesario, en la dosis adecuada, durante el tiempo preciso y al menor coste posible. Una definición de puro sentido común que, sin embargo, dista de cumplirse: tratamientos crónicos sin revisión, polimedicación en mayores, antibióticos recetados sin criterios sólidos… Cada desviación erosiona la seguridad del paciente y añade presión innecesaria a las cuentas públicas. El objetivo no es gastar menos, sino gastar mejor. Y para ello necesitamos un ciudadano informado.
La propuesta no es nueva: el llamado «Libro blanco de la Sanidad» ya planteó en los noventa la «factura sombra». Hoy, con receta electrónica y portales de salud plenamente implantados, resulta factible actualizar aquella idea. Propongo enviar a todos los ciudadanos mayores de edad, al cierre de cada ejercicio, un informe personal de medicación con el detalle de los medicamentos consumidos y de su coste real, desglosando la aportación pública y la parte abonada por el usuario.
Este informe personal de medicación, evidentemente, no tendría carácter sancionador ni moralizador. Sería, ante todo, un instrumento de concienciación. Haría visible lo invisible, permitiría al ciudadano reflexionar sobre su consumo, abrir conversaciones con los profesionales sanitarios y reforzaría la idea de que la sostenibilidad del sistema es una responsabilidad compartida. El futuro de nuestro sistema sanitario dependerá menos de cuánto gastemos y más de cómo gastemos. La transparencia y la corresponsabilidad ya no son una opción: forman parte del camino que nos conduce a garantizar su viabilidad.