Aún reconociendo que el turismo ha supuesto un cambio enorme en los niveles de vida de la población balear, su propia evolución ha ejercido una fuerte presión sobre el medio ambiente y un aumento generalizado en gastos de infraestructura que elevan el coste social de la actividad. La masificación que se produce especialmente en los meses de verano genera una externalidad negativa sobre los residentes y sobre las otras actividades, y unos gastos extras que hay que financiar. Si se grava con un impuesto esta actividad, se desplazaría la curva de oferta en sentido ascendente, es decir se encarecería la producción. La nueva curva de oferta mediría el coste social y el resultado serían menos turistas y mayor precio.
En el debate sobre «la ecotasa« no se cuestiona el turismo, se acepta básicamente el modelo de crecimiento turístico con sus elementos positivos y negativos, y se piensa compensar estos últimos con actividades inversoras financiadas con un «Fondo Medioambiental". Estos impuestos podrían alterar el precio del viaje y afectar al volumen de turistas, al gasto que realicen y a la duración de la estancia. La realidad es que el turismo en Balears sigue aumentado logrando cifras récord en ingresos, en gasto por turista y también en visitantes. La masificación que se produce en las islas los meses de verano tiene efectos negativos sobre la calidad del turismo, sobre el medio ambiente y sobre los residentes y genera unos gastos extras que hay que financiar. El Impuesto, hasta ahora, no se ha utilizado como arma para luchar contra la masificación, solamente para tener ingresos extras. Y la pregunta es, por qué no se usa ese impuesto para hacer más difícil la entrada de los visitantes en verano (aumentando su cuantía), y facilitando su visita fuera de la temporada (reduciéndose). De esa manera se lograría gestionar el exceso de turismo, además de conseguir esos ingresos para contrarrestar el deterioro medioambiental. No se trata sólo de aumentar ligeramente la tasa como está haciendo Barcelona, ni relacionarla con el precio de la reserva turística como hace Ámsterdam. Las islas requieren una gestión más intensa que evite la masificación.
A principios del siglo XXI se estableció este impuesto, conocido como «ecotasa» y ahora como «Impuesto de Turismo Sostenible» Se introdujo en el año 2001 por el gobierno socialista de Francesc Antich y supuso un duro enfrentamiento con el sector hotelero y el gobierno del Estado presidido por José María Aznar y fue derogada en 2003 por el gobierno autonómico del partido popular presidido por Jaume Matas, para ser recuperada de nuevo por el gobierno del PSOE en 2016 y continuar pese a los nuevos cambios de gobierno. El impuesto se cobra al hotelero que lo tiene que repercutir al turista, pero ¿quién soporta la carga del impuesto? Si el turista tiene otras alternativas igual de satisfactorias, no estará dispuesto a soportar el mayor precio y si los hoteleros no pueden fácilmente cambiar de mercado, entonces serán ellos los que soportan el impuesto, no el turista. Afortunadamente se comprueba que en las islas baleares el turista aprecia mucho el destino y no lo cambiaría a menos que el precio sea muy elevado. Hasta ahora la mayor parte del impuesto recae sobre el turista pero la subida de precios de hoteles y apartamentos se ha disparado tanto en la post pandemia que la disminución de la masificación se está realizando por esta vía (menos plazas y muy caras) y por perseguir como intrusos e ilegales a una gran parte del alojamiento del sector de pisos turísticos. La protección del medio ambiente es en los países desarrollados un valor social dominante y el futuro de Ibiza y de las otras islas turísticas estará marcado por su capacidad de resistir y revertir el deterioro medioambiental y la masificación.