El plástico forma parte desde hace décadas de la realidad productiva del campo menorquín. Ha permitido conservar el forraje, mejorar la eficiencia en la alimentación del ganado y asegurar la continuidad de un modelo agrario fuertemente vinculado a la ganadería lechera. Sin embargo, la gestión de esos materiales una vez finalizada su vida útil se ha convertido en un desafío creciente para el sector y para la propia administración insular.
El reciente Estudi de la Gestió dels Plàstics Agraris a Menorca publicado por la Asociación Leader Menorca y elaborado por la consultora ambiental Marta Pérez, constata que desde 2022 el servicio de recogida funciona de forma intermitente, que se han generado acumulaciones en las explotaciones y que el destino final continúa siendo mayoritariamente el vertedero del área de gestión de residuos de Milá, en Maó. La cuestión ya no es solo ambiental, sino de estructura económica para saber quién paga, cómo se organiza y bajo qué reglas se garantiza la continuidad en un territorio insular con un sector primario tensionado por costes energéticos, insumos y precios en origen.
RESIDUO.
Menorca presenta un modelo agrario claramente condicionado por la producción de leche, lo que determina también el tipo de plástico predominante. El film de ensilado y los materiales asociados a las balas para alimentación del ganado constituyen el principal flujo de residuos plásticos agrarios de la isla. El estudio estima un consumo medio de aproximadamente seis balas de ensilado por vaca y año. Con un censo cercano a las 8.000 vacas lecheras, ello implicaría la generación anual de unas 48.000 balas y, en consecuencia, un volumen muy significativo de film plástico cada ejercicio.
«La clave es entender que no estamos ante un residuo ocasional, sino ante un flujo estructural vinculado directamente al modelo productivo de la isla», explica Marta Pérez, autora del estudio. «Mientras exista ganadería leche intensiva, existirá plástica de ensilado. También hay otras formas de hacer ensilado, como el de trinchera, que baja mucho el uso de plástico», señala la autora del trabajo.
«Muchas veces se percibe el problema como algo puntual, pero si hablamos de decenas de miles de balas anuales, estamos ante un sistema que necesita planificación continua, no campañas esporádicas», añade. A este flujo principal se suman también tubos y cintas de riego, plásticos de acolchado en horticultura, big bags y otros materiales auxiliares, aunque con menor peso relativo.
TRANSICIÓN.
La evolución histórica muestra un cambio progresivo marcado por las distintas campañas emprendidas. En 2009 se superaron las 500 toneladas anuales recogidas en la isla, sin embargo, a partir de 2022 el modelo se modificó y se pasó a campañas puntuales que no superaban las 100 toneladas anuales, lo que ha contribuido a generar acumulaciones en las fincas. El año pasado, entre septiembre y noviembre, se ofreció un servicio extraordinario que permitió recoger 129 toneladas en 43 explotaciones, residuos que fueron trasladados al vertedero de Milà.
«Las campañas extraordinarias ayudan a aliviar la presión, pero no sustituyen a un sistema estable», apunta Pérez. Y es que la gestión de los plásticos agrarios se encuentra en un momento de transición normativa cuya Ley 7/2022 prevé el desarrollo de un régimen de Responsabilidad Ampliada del Productor (SARP) para los plásticos de uso agrario no envases. Este sistema implica que fabricantes, importadores o distribuidores deben asumir la responsabilidad ambiental de los residuos generados por los productos que ponen en el mercado. Sin embargo, su implantación efectiva aún no se ha materializado plenamente. «El marco legal apunta claramente hacia la corresponsabilidad de los productores, pero mientras el sistema no esté operativo, el territorio necesita soluciones transitorias. Y esas soluciones deben ser viables económicamente», explica Marta Pérez.
«Ni los agricultores están obligados a crear el sistema, ni pueden asumir sin más un coste adicional en un contexto de incremento de insumos y presión sobre la rentabilidad», añade. Al mismo tiempo, la administración insular tampoco puede sostener indefinidamente un modelo gratuito. «Cuando el agricultor no sabe si habrá recogida regular, tiende a almacenar. Y cuanto más tiempo permanece el plástico a la intemperie, más se deteriora y más difícil es reciclarlo. También hay más probabilidad de que se fragmente o se escape, contaminando el entorno natural». El estudio advierte de que la acumulación prolongada y la degradación del plástico almacenado al aire libre pueden favorecer su fragmentación y dificultar el reciclaje. «Cuanto más tiempo pasa, peor es la calidad del residuo y más probable es que termine en vertedero», resume Pérez.
«Eso no solo tiene implicaciones ambientales, sino también económicas, porque estamos perdiendo materia prima potencialmente reciclable. Realmente es un plástico sucio que cuesta reciclar en general». En una isla que ha construido buena parte de su relato en torno a la sostenibilidad y la Reserva de la Biosfera, la gestión de estos flujos adquiere también una dimensión estratégica. «El paisaje agrario es parte de la identidad económica de Menorca y existen otros impactos ambientales como la contaminación, del suelo, el aire o el agua», añade la investigadora. «Ordenar la gestión de los plásticos es coherente con ese modelo y refuerza la credibilidad del sector primario».
ORGANIZACIÓN.
Más allá de la dimensión ambiental, el estudio subraya que el desafío es principalmente organizativo. La predisposición del sector a colaborar existe, siempre que el modelo sea estable y económicamente razonable. «El agricultor no quiere acumular plástico», concluye la autora. «Quiere producir. Si el sistema funciona, el residuo sale de la finca con normalidad. El problema aparece cuando el servicio es incierto». En este sentido, Menorca se encuentra ahora ante una decisión estratégica: esperar a que el sistema estatal se despliegue plenamente o avanzar hacia un modelo transitorio propio que combine corresponsabilidad público-privada y estabilidad en la recogida. La gestión de los plásticos agrarios no es un debate ideológico ni un conflicto aislado. Es una cuestión de organización económica vinculada al modelo productivo de la isla.
El reto no es si actuar o no, sino cómo hacerlo sin romper el equilibrio. En este sentido, el estudio incorpora experiencias comparadas que pueden servir de referencia. En Francia, el sistema llamado ADIVALOR financia la recogida mediante una eco-contribución de los productos agrícolas. En otras regiones también se han implantado modelos de coste compartido entre administración y explotaciones. Asimismo, el Contracte Agrari de la Reserva de la Biosfera, contempla incentivos para prácticas como el ensilado en trinchera o el uso de plásticos biodegradables. «No hay soluciones mágicas», advierte Pérez. «El bioplástico puede formar parte de la solución, pero requiere formación, seguimiento y evaluación real de resultados. Lo importante es que el sistema sea continuo.