Redacción Palma
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), Antoni Terrasa, confió ayer en que se produzca el traspaso de las competencias en materia de justicia al Govern balear con una dotación económica adecuada, ya que es preciso hacer frente a los problemas que padece esta administración en la Comunidad Autónoma. Terrasa hizo estas declaraciones tras su reelección para el cargo por unanimidad de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El presidente del TSJB repasó la situación judicial en las Islas y señaló, al respecto, que en breve comenzarán las obras del nuevo edificio de Maó. En cuanto a la Oficina Judicial, Antoni Terrasa abogó porque el actual sistema funcional sea sustituido por servicios comunes. También destacó que se están reforzando en Balears los Juzgados de lo Mercantil y de lo Social, debido a la sobrecarga de asuntos que tramitan.
Plan de modernización
Por otra parte, Terrasa confió en que se materialicen las mejoras previstas con el Plan de Modernización de la Justicia y se evite así una tercera huelga de jueces por la situación en la que se encuentra actualmente este ámbito. Estas mejoras pasan por disminuir el número de litigios, modificar las leyes procesales y establecer un mejor sistema de racionalización de la Oficina Judicial, entre otras medidas.
Costa quiere más de 55 millones
La consellera de Innovación, Interior y Justicia, Pilar Costa, afirma que únicamente aceptará el traspaso de las competencias si el Ministerio actualiza el coste efectivo de la transferencia, que actualmente está cuantificado en 55 millones de euros. Costa consideró ayer que la cifra tiene que ser superior, ya que hay que añadirle los alquileres provisionales de edificios que el Ministerio ha realizado en los últimos meses. Madrid ha elevado un 9 por ciento la cantidad fijada al inicio del proceso.
Costa se reunirá el lunes próximo con el ministro de Justicia, Francisco Caamaño. "Tenemos ganas de tener las competencias, pero no las queremos si no vienen bien financiadas", insistió la consellera, quien destacó que también es necesario que se llegue a un acuerdo respecto al "anexo de inversiones" en los 26 edificios judiciales de las Islas, que el Govern cifra en 121 millones. Los proyectos de los nuevos juzgados de Maó y Ciutadella son considerados "irrenunciables" por ambas administraciones.