La Fiscalía anticorrupción imputa al ex presidente del Govern balear y ex ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, los delitos de malversación de caudales públicos -hasta en siete ocasiones-, falsedad documental, prevaricación administrativa, fraude a la administración, blanqueo de capitales y un delito electoral, que llevarían aparejada una posible condena de más de 24 años de prisión aunque penados con un límite máximo de cumplimiento de 18 años de cárcel, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
Entre otros numerosos hechos delictivos, el Ministerio Público le atribuye haber ordenado el pago de desvíos presupuestarios de más de 41 millones de euros, dentro del caso que investiga el desfase presupuestario cometido durante la construcción del Palma Arena y su posible conexión con el presunto enriquecimiento ilícito del ex jefe del Ejecutivo autonómico. Tras más unas quince horas de declaración del encausado, los fiscales Juan Carrau y Pedro Horrach solicitaron hoy prisión bajo fianza de tres millones de euros para el imputado, sobre la cual el juez se pronunciará el lunes a partir de las 10.00 horas.
En concreto, la acusación pública, al numerar las presuntas infracciones penales cometidas por Matas, postula que éste permitió el pago a la UTE encargada de la ejecución de la infraestructura -formada por FCC y Melchor Mascaró- por trabajos "no realizados" o a precios superiores en un 400 por ciento respecto al dinero abonado, mientras que también dejó que parte de los fondos pagados a los arquitectos Luis y Jaime García-Ruíz -que percibieron unos 8,5 millones de euros tras ser contratados 'a dedo' se desviasen al pago de otros fines.
En relación a la contratación del arquitecto inicial del Palma Arena, Ralph Schürmann, los representantes de la Fiscalía consideran que fue "ilegal y arbitraria" mientras que también intervino en el nombramiento de los sustitutos del alemán, los hermanos García-Ruíz pese a los informes jurídicos contra la ilegalidad de las actuaciones.
Mientras tanto, los fiscales, que presentaron un escrito ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3, José Castro, para la petición de medidas cautelares contra el ex dirigente del PP y al que tuvo acceso Europa Press, consideran que el ex presidente del PP balear ordenó pagar 200.000 euros al periodista Antonio Alemany, encargado de elaborar los discursos de Matas, y que se simule un expediente de contratación a través de la agencia de publicidad Nimbus, que se encuentra bajo investigación judicial por haber servido de intermediaria para financiar a la formación 'popular' de forma supuestamente irregular.
También respecto a Alemany -imputado en la causa- se sospecha que fue beneficiario, por orden de Matas, de un contrato menor de 12.000 euros por un trabajo que nunca se realizó. En esta misma línea, el Ministerio Público encuentra indicios de que el ex presidente mandó abonar una subvención de 450.000 euros a una empresa de Alemany "presionando a los funcionarios" para que le dieran la máxima puntuación posible y habiendo "subvertido" las bases de la subvención.
La acusación, atribuyó paralelamente blanqueo de capitales a Matas por adquirir mediante dinero de procedencia "ilícita" propiedades inmobiliarias, entre las que se entraría la vivienda que posee en el casco antiguo de Palma, conocido como palacete.
También pesa sobre el ex jefe del Ejecutivo balear un delito electoral, en relación a la asunción, por parte de Nimbus, de gastos de la campaña electoral de los 'populares' de 2007 que no facturó ni cobró al PP, mientras que otros trabajos fueron cobrados con dinero negro.
"Actividad delictiva"
En este contexto, la Fiscalía defendió el ingreso en prisión de Matas amparándose en el elevado riesgo de fuga del imputado y en la "acreditada alteración de las pruebas" practicadas hasta el momento, lo que se deduce de las grabaciones que han aparecido durante los interrogatorios llevados a cabo durante esta semana.
Asimismo, los fiscales se mostraron contundentes al aseverar que la trascendencia de los hechos investigados y el "importante volumen de la actividad delictiva" de Matas, así como el patrimonio generado y que éste "se ha pretendido poner fuera del alcance de las autoridades mediante el uso de testaferros", evidencian a su juicio que el ex presidente cuenta con "numerosos e importantes recursos económicos que posibilitan y ayudan a su fuga".
Sin embargo, cabe señalar que ya le ha sido retirado el pasaporte al ex presidente a pesar de que el juez José Castro todavía debe pronunciarse sobre las peticiones del Ministerio Público, una medida que se incluye entre las denominadas medidas cautelarísimas y que únicamente se solicitan en casos de urgencia. La Fiscalía también ha solicitado la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de que Matas comparezca cada quince días en el juzgado.