El Govern aprobó el viernes tres Proyectos de Ley, de las cuales el primero será para reducir gastos en 103 millones de euros; el segundo para crear un impuesto ecológico sobre las empresas de energía y comunicaciones que incidan en el medio ambiente y con el que se pretende recaudar 18 millones de euros anuales; y el tercero para incrementar los impuestos a las rentas más altas, con el fin de recaudar entre 15 y 20 millones de euros anuales.
Tras la reunión del Consell de Govern, el conseller de Economía y Hacienda, Carles Manera, informó de que el primer Proyecto de Ley, que contempla la reducción en un 5 por ciento del sueldo de los funcionarios y trabajadores públicos, se tramitará por lectura única, con la pretensión de que sea aprobado en el Pleno del Parlament del próximo martes, dado que cuenta con el respaldo de UM. Por el contrario, los otros dos Proyectos de Ley se tramitarán de manera ordinaria.
Manera admitió que ante la oposición del PP y UM, el Ejecutivo no podrá aprobar la tercera ley, que establece subir un punto en el tramo autonómico del IRPF para las rentas superiores a 100.000 euros, con el fin de recaudar 2 millones de euros anuales, así como otros incrementos en los Impuestos de Transmisiones Patrimoniales y de Sucesiones, dado que UM y el PP.
Además, mediante esta ley se pretende elevar el tipo del 7 al 8 por ciento del Impuesto de Transmisiones en el caso de bienes inmuebles superiores a 450.000 euros para recaudar cerca de 3 millones de euros. Mientras, se gravará al 7 por ciento el resto de inmuebles, a la vez que se mantendrá el tipo reducido del 3 por ciento para los jóvenes, familias numerosas y discapacitados.
Asimismo, contempla una tarifa progresiva en el Impuesto de Sucesiones, que iría desde el 1 por ciento en el tramo de hasta 600.000 euros de base liquidable, hasta el 20 por ciento para el tramo superior a los 3 millones de euros, con el objetivo de recaudar 8 millones de euros anuales. Actualmente, Manera recordó que este impuesto que afecta a las herencias se grava en un tipo único del 1 por ciento, por lo que criticó que "no es progresivo".
En caso de que se llegara a aprobar este Proyecto de Ley de incremento de impuestos, el conseller aseveró que las modificaciones se podrían aplicar a partir de este año, a excepción del aumento del tramo autonómico del IRPF a las rentas más altas, que entraría en vigor a partir de 2011.
Por otra parte, confió en lograr un acuerdo con UM respecto a la creación del impuesto ambiental que grave las actuaciones económicas de aquellas instalaciones del ciclo de producción energética y de comunicaciones, teniendo en cuenta que este partido ha anunciado que estudiará si finalmente apoya esta iniciativa.
El conseller recalcó que todas estas medidas dirigidas a reducir el déficit público, en cumplimiento al Decreto aprobado por el Gobierno central y convalidado por el Congreso de los Diputados, no afectarán a las inversiones públicas de 900 millones de euros previstos para Baleares en 2010.
De ellos, 200 corresponden a las inversiones estatutarias; 500 proceden de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para este año; y 200 a las inversiones que se llevan a cabo en educación y sanidad en materia de cesión de crédito.
Ley de reducción de gastos
Manera recalcó que las medidas para reducir gastos en 103 millones de euros, contempladas en el primer Proyecto de Ley, se suman a los 220 millones de euros que se presupuestaron menos en 2010, en relación al año anterior, por lo que, en total, las cuentas públicas han disminuido un 8 por ciento, respecto a 2009.
En esta normativa está incluida la reducción en un 5 por ciento a los funcionarios y trabajadores públicos de la Comunidad Autónoma a partir de este mes de junio, mientras que las retribuciones de los altos cargos bajarán entre un 9 y un 7 por ciento.
Concretamente, se reducirá en un 9 por ciento el salario del presidente del Govern, Francesc Antich; un 8 por ciento el de los consellers y miembros de la Sindicatura de Cuentas y un 7 por ciento el de los directores generales, gerentes de las empresas públicas, asesores y miembros del Consell Consultiu.
Asimismo, contempla una disminución en un 5 por ciento del presupuesto de las entidades del sector público autonómico una vez descontados los gastos financieros, lo que supondrá un ahorro cercano a los 33 millones de euros.
Por otro lado, establece que los contratos superiores a 6 millones de euros deberán ser autorizados por la Conselleria de Economía y Hacienda, que deberá emitir un informe sobre repercusiones presupuestarias y compromisos financieros relativos a los expedientes de contratos de colaboración público-privada o de concesión de una obra pública.
Por otro lado, mediante esta Ley, se creará una Central de Contratación, que tendrá como objetivo lograr los precios "más competitivos y razonables" a la hora de contratar por parte del Govern obras, servicios y suministros.
Nuevo impuesto ecológico
El segundo Proyecto de Ley contempla la creación de un tributo propio que grava las actividades con coste medioambiental y que afectará a las instalaciones que produzcan, almacenen, transformen y transporten energía eléctrica, carburantes y combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, como sería el caso de Gesa. Además, también afectaría a las empresas dedicadas a las comunicaciones telefónicas o telemáticas.
Manera recordó que este impuesto ya existió en su día en Baleares, aunque fue eliminado tras un fallo en contra del Tribunal Constitucional a raíz de la interposición de un recurso por parte de las empresas afectadas. Así, dijo que ha sido posible recuperar este gravamen, tras ajustarlo a las exigencias del TC.
Por otra parte, indicó que estarán exentos de pagar este impuesto las instalaciones o estructuras de titularidad del Estado, del Govern, los Consells Insulares y los Ayuntamientos, así como aquéllas destinadas a la circulación de ferrocarriles o a la producción de combustibles mediante transformación de residuos sólidos; la producción de energía solar o eólica de menos de 500 KV y la producción y el almacenaje para el consumo propio.
Pese a estas nuevas medidas de reducción de gastos e incremento de ingresos, Manera recalcó que Baleares ya se avanzó con iniciativas de "austeridad" en los Presupuestos de 2010, que disminuyeron un 6 por ciento, respecto a los del año anterior, "mientras que en el resto de Comunidades Autónomas, se incrementaron un 1,2 por ciento de media".
"Si esta Comunidad no hubiera hecho un esfuerzo en las cuentas públicas de 2010, ahora tendríamos un gravísimo problema presupuestario, porque tendríamos operaciones de gasto en marcha que deberíamos echar para atrás", recalcó, al tiempo que subrayó que la disminución del gasto no va a afectar a la educación, ni a la sanidad, ni a los servicios sociales, cuyos presupuestos ya se recortaron.
Preguntado sobre si el Govern deberá adoptar nuevas medidas para reducir el déficit público, teniendo en cuenta que PP y UM se van a oponer al incremento de impuestos a las rentas más altas, Manera apuntó que el Govern tiene un "cierto margen de maniobra" para cuadrar el déficit, por lo que, en principio, no serían necesarias nuevas iniciativas.