El Parlament ha aprobado, con los votos del PSIB, Bloc y Grupo Mixto (ex UM y Eivissa pel Canvi) y la abstención del PP la Ley de la Buena Administración y el Buen Gobierno, que pretende ser una "herramienta fundamental para asegurar que no vuelvan a suceder los escándalos de corrupción", con el fin de "volver a recuperar la confianza a través de la transparencia y una mayor eficacia en la gestión pública", según ha explicado la diputada socialista Rosamaria Alberdi.
Durante el Pleno de la Cámara, se han rechazado, con los votos del PSIB, Bloc y Grupo Mixto la treintena de enmiendas parciales presentadas por el PP, que solicitaban la supresión de varios puntos de la normativa, como los que hacen referencia a la regulación de la contratación pública, la gestión de los servicios públicos y los convenios de colaboración al señalar que "ya están incluidos en la Ley de Contratos del Sector Público".
Concretamente, los 'populares' pretendían eliminar, entre otros aspectos,el requisito de dar publicidad a aquellos contratos menores, cuya cuantía supere la cifra de 25.000 euros en caso de contratos de obras y de 9.000 euros en el resto de contratos. Para la diputada del PP Catalina Soler, esta ley es "irrelevante", porque "no aporta ninguna novedad", respecto a lo que ya está contemplado en otras normativas.
"Esta Ley está vacía de contenido, porque no hay ningún régimen sancionador, por lo que no se resolverán los verdaderos problemas relacionados con la corrupción", ha censurado, al tiempo que ha calificado esta normativa de "operación estética en la que el PP no quiere participar ".
Ante tal situación, ha avanzado que cuando el PP llegue al Govern, elaborará un "plan de calidad en la administración, encabezado por una declaración política de compromiso con la calidad y con la mejora administrativa".
Durante la votación, se han aceptado dos de las cinco enmiendas que el Grupo Mixto (ex UM) mantenía vivas, mientras que ha decaído una enmienda del PSIB, que a su vez, ha retirado otra. Mientras, los artículos a los que se habían presentado enmiendas han sido aprobados, con los votos del PSIB, Bloc y Grupo Mixto y el rechazo del PP, mientras que en el resto de artículos, los 'populares' se han abstenido.
Alberdi ha remarcado que el objetivo de esta Ley es dotar a Baleares de las herramientas para que la corrupción sea "más difícil", aunque ha admitido que ésta no será "imposible". Por otro lado, ha acusado a los 'populares' de presentar enmiendas de supresión a aquellos artículos, que establecen medidas en aquellos ámbitos "más fáciles de defraudar", como los contratos públicos, los convenios y los ámbitos de colaboración.
"La Ley es necesaria y da herramientas que son interesantes, mientras que el PP no ha sido capaz de mejorarla, porque sólo ha presentado enmiendas para eliminar artículos", ha indicado la dirigente socialista, quien ha dicho que, a partir de ahora, los 'populares' "tienen la ocasión de dejar de estar enganchados a una manera de gobernar que no asegura la transparencia".
Por su parte, Soler ha considerado "curioso" que el Ejecutivo pretende aprobar una Ley de Buen Gobierno cuando la Sindicatura de Cuentas ha dicho en sus informes de 2008 y 2009 que la administración autonómica está "incumpliendo reiteradamente la Ley mediante el fraccionamiento de los contratos".
"Cuando el fraccionamiento de contratos lo hace el PP acaba en la Fiscalía, mientras que cuando lo hace este Govern son sólo irregularidades administrativas", ha reprobado, al tiempo que ha criticado que durante esta legislatura, "se han destinado 400.000 euros para contratar a más interventores no para controlar al actual Ejecutivo, sino para revisar todo el trabajo hecho en la pasada legislatura".
Así, la diputada 'popular' ha anunciado que si el PP llega a gobernar, es "seguro que no volverá a estar mirando al pasado", tal como, a su juicio, sí que han hecho los socialistas, que "en lugar de gobernar, se han entretenido en mirar a ver si encontraban algo mal hecho de la pasada legislatura acusando a los 'populares' de muchos cosas, que se demostrarán que se han hecho con fundamento".
"UN MÁSTER PAGADO CON DINERO PÚBLICO"
Por otro lado, ha censurado que se aprueba la citada Ley porque, a su juicio, "se debe justificar que el Govern ha pagado con dinero público un Máster entre 2008 y 2009 en la Universidad Complutense de Madrid y un curso de experto en supervisión de calidad de servicios públicos al director general en esta materia, Fernando Monar".
Así, ha desvelado que para poder asistir a este curso, Monar "incumplió los requisitos, dado que "iba dirigido a funcionarios en activo o a personas que se dedicaban a una profesión privada", por lo que no iba destinado a dirigentes de una institución pública.
Alberdi ha invitado a Soler a que si encuentra alguna irregularidad, acuda a los Juzgados y lo denuncie, dado que la Justicia siempre "actúa".
No obstante, ha estimado que la única intención de la diputada del PP es "distraer", al tiempo que ha manifestado que le da "vergüenza" escuchar a los 'populares' decir que la Ley del Buen Gobierno sólo se ha elaborado porque alguien ha hecho un Máster, cuando se trata de una normativa que "la necesita la Comunidad Autónoma, después de que la gente haya perdido la confianza en los políticos por las malas prácticas, fundamentalmente, durante la pasada legislatura".
En similares términos se ha expresado el diputado del Bloc Eduard Riudavets, quien ha defendido que se trata de una Ley "para la transparencia y no anti corrupción, ya que no establece ningún código penal, sino que pone controles para evitar la corrupción, tal como sucede con la Ley del Sector Público y la Ley de Publicidad Institucional".
"No creo que todos los del PP sean corruptos, pero lo cierto es que en el Bloc no hay ningún imputado y en el suyo sí, mientras que tampoco tenemos ningún defraudador a Hacienda, mientras que el anterior presidente sí que defraudó", ha espetado Riudavets a Soler, lo que ha provocado las quejas del diputado 'popular' José María Rodríguez, a quien la presidenta del Parlament, Aina Rado, ha tenido que llamar al orden para que guardara silencio.
RECONOCIMIENTOS
Entre las enmiendas de supresión planteadas por el PP, destacan aquéllas que pedían la eliminación de los artículos 37 y 38, mediante los cuales el Govern puede proponer el reconocimiento a los órganos y entes que configuran el sector público y a las personas que hagan más esfuerzos y consigan mejores resultados en la mejora de los servicios públicos mediante premios que en ningún caso tendrán un coste económico, a pesar de que inicialmente, sí que se preveía unos incentivos económicos.
Otro de los aspectos que contempla la Ley, y al que el PP también había presentado una enmienda de supresión, consiste en que el Govern deberá informar al Parlament cuáles son los motivos por los que ha nombrado a una persona para un cargo de confianza.
"Si esto hubiese estado en marcha al comienzo de esta legislatura, la mitad del Govern no hubiera sido idóneo", ha sostenido Soler, quien ha criticado que "aún faltan 17 comparecencias de consellers en el Parlament, mientras que no se han respondido 520 preguntas parlamentarias".
Alberdi le ha respondido que mientras que en esta legislatura "no se han respondido 520 de las 15.600 solicitudes parlamentarias, lo que representa un 3%, frente al 10% de la anterior legislatura (750 de 8.000)".
Otros de los aspectos al que el PP había planteado una enmienda de supresión, es la eliminación de los tratamientos honoríficos, de manera que los representantes del Govern serán tratados únicamente como directores, conseller y presidente, por lo que ya no tendrán el tratamiento de muy honorables, honorables, ilustrísimos, excelentísimos o reverendísimos.