El abogado del ex presidente del Govern, Jaume Matas, ha solicitado su libre absolución mediante el escrito de defensa que ha presentado de cara al juicio que prevé celebrarse por la contratación presuntamente irregular del periodista Antonio Alemany, al asegurar que el ex mandatario autonómico nunca se concertó con el articulista para que éste cobrase por sus servicios "fuera de los cauces legales", como tampoco el ex dirigente del PP tuvo posibilidad de lucrarse con fondos públicos por no ser "autoridad de gasto".
En su escrito, presentado después de que Fiscalía y abogacía de la Comunidad Autónoma hayan pedido ocho años y medio de prisión para el principal imputado del caso Palma Arena, el letrado Antonio Alberca rechaza las acusaciones que pesan sobre Matas aseverando que como jefe del Ejecutivo balear "ha actuado siempre dentro de la legalidad con el único fin de promover el progreso de las Islas Baleares y el bienestar de sus ciudadanos", y añade así que "nunca ordenó a ningún colaborador o subordinado que infringiera el ordenamiento jurídico".
El escrito de defensa, al que ha tenido acceso Europa Press, precisa que Matas únicamente recabó la colaboración de Alemany para redactar discursos de "gran trascendencia política, que no todos, sin concretar cómo ni en qué cuantía se produciría el pago". De este modo niega que los acusados pactasen beneficiar de forma arbitraria e irregular al articulista y a sus sociedades con fondos públicos -que según los investigadores ascendieron a un total de 483.186 euros-, después de que Alemany acudiese a Matas en busca de una forma de retribuirle la elaboración de discursos e intervenciones públicas.
El representante legal de Matas asegura que el ex presidente "jamás" mantuvo reunión alguna en el Consolat de Mar con el director de la agencia de comunicación Nimbus, Miquel Romero -también acusado- para instarle a que se presentase a un concurso público "previamente amañado" como forma de enmascarar los pagos a Alemany, en contra de lo que postulan las acusaciones. En esta línea, afirma que "en ningún momento" dio instrucciones para que con esta misma finalidad se procediese a la prórroga del contrato con Nimbus, en la que "el presidente no tuvo participación alguna".
Niega la creación de ABN para camuflar un medio afín al PP
Otro de los extremos que niega el ex presidente 'popular' en el marco de la pieza número dos del caso es que se concertase con Alemany a fin de que éste crease la Agencia Balear de Noticias (ABN) expresamente para camuflar la puesta en marcha de un periódico digital -Libertad Balear- afín a la actuación del Govern del PP, y que ambos medios se beneficiasen así de subvenciones públicas.
Un aspecto sobre el que las acusaciones creen que lo que "se ocultaba no era más que utilizar fondos públicos para un fin puramente particular, la creación y desarrollo de una actividad mercantil que beneficie económicamente a Alemany a la vez que le suponga a Matas contar con un medio periodístico para su ensalzamiento personal".
Tras alegar que la concesión de cualquier clase de subvención "correspondía a los órganos de contratación de la Conselleria de Relaciones Institucionales", el letrado de Matas asegura al mismo tiempo que el ex presidente no dio instrucciones para que ABN recibiese la máxima puntuación de cara a ser subvencionada y "nunca intervino en el proceso de valoración técnica de las ayudas".
Finalmente, la defensa afirma que Matas no dio jamás indicación alguna para que Alemany se beneficiase de un contrato menor de 11.550 euros para la elaboración de entrevistas y reportajes para su posterior publicación en la prensa deportiva nacional, un importe adjudicado a la empresa Consultores de Información de Baleares a pesar de no existir constancia de que estos trabajos fuesen realizados, según las investigaciones.
En el marco de esta pieza, Fiscalía y acusación particular solicitan además cinco años y medio de cárcel para Alemany; cuatro y medio para Romero; dos años para el ex director general de Comunicación, Joan Martorell; un año y medio para la ex secretaria general técnica de la Conselleria de Relaciones Institucionales, Dulce Linares, y un año y tres meses para la ex jefa de gabinete de Matas, Maria Umbert.
Cabe recordar que sobre Matas pesa una fianza penal de tres millones de euros con cuyo pago eludió ingresar en prisión provisional, así como una caución civil de 1,6 millones de euros dentro de otro de los 26 flecos que integran el caso Palma Arena. El ex presidente se enfrenta en concreto a los presuntos delitos de malversación de caudales públicos -hasta en siete ocasiones-, falsedad documental, prevaricación administrativa, fraude a la administración, blanqueo de capitales, un delito electoral y otro contra la Hacienda pública.