El expresidente del Govern Jaume Matas ha hecho entrega al Banco de Valencia de dos millones de euros con el objetivo de frenar la subasta, prevista para este miércoles, de la principal vivienda que el exministro posee en la capital balear. Se trata de su conocido palacete que, con una superficie total construida de 475,4 metros cuadrados y de estilo manierista, está tasado en 1.650.000 euros si bien no habrá precio de salida para poder pujar por el céntrico inmueble.
Así lo han informado fuentes jurídicas a Europa Press, que han precisado que con este pago Matas intenta negociar con la entidad bancaria, hasta el último momento, la paralización del remate, en el que los postores también podrán tantear por la vivienda de la que dispone en La Rambla, de 152 metros cuadrados y valorada 450.000 euros, y la ubicada en la calle Sant Miquel, de 900.000 euros y 73 metros de superficie.
Con todas ellas, Matas garantizó el préstamo de 3.041.364 millones que le concedió el Banco de Valencia para hacer frente a la fianza de tres millones que el juez del caso Palma Arena le impuso y cuyo pago le permitió eludir su ingreso en prisión.
Sin embargo, la pretensión del Banco de Valencia, en la actualidad intervenido por el Banco de España, pasa de esta forma por recuperar no sólo los 2,5 millones de euros a los que fue rebajada la fianza impuesta contra Matas -y recientemente cancelada por el juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, al considerar que ya no se mantienen las condiciones por las que fue decretada- sino también los cerca de 1,5 millones que éste adeuda en concepto de intereses de demora y costas de ejecución.
Todo ello después de que en mayo del pasado año la entidad acreedora interpusiera una demanda de ejecución hipotecaria por la que reclamaba al exjefe del Ejecutivo autonómico la devolución del préstamo más los intereses del crédito generados desde entonces pero, al no ser devuelta la cantidad, el banco solicitó al Juzgado que los tres inmuebles salieran a subasta pública. Se trata de un procedimiento que también va dirigido contra su mujer, Maite Areal, por ser copropietaria del palacete, así como contra la madre del expresidente, cotitular en su caso del inmueble de Sant Miquel.
Recientemente la defensa del expresidente, ejercida por el abogado Antonio Alberca, presentó un escrito ante el juez para solicitar que la devolución de la fianza a cambio de entregar los tres inmuebles hasta cubrir los 2,5 millones de caución que pesaban sobre él con el objetivo de saldar la deuda que mantiene con el banco. No obstante, los escollos no son pocos puesto que, además de los intereses acumulados, de la fianza anulada 500.000 euros han sido traspasados a la Audiencia para cubrir su responsabilidad en lo que se refiere a su condena por el primer juicio por el caso Palma Arena.
Ante esta tesitura, el expresidente no quiere tirar la toalla y su intención pasa por seguir negociando con el banco, que a fin de cuentas es el que tiene la última palabra, para poder recuperar sus bienes, entre ellos el palacete. Matas pagó, según su escritura fechada el 25 de octubre de 2006, 950.000 euros ante notario por un lujoso inmueble que, entre otras estancias, cuenta con una terraza trasera de uso exclusivo de 23,9 metros cuadrados y un balcón de 8,2metros con vistas a la céntrica calle Sant Feliu.
INVESTIGAN EL LUJOSO TREN DE VIDA DE MATAS
Tras tomarle declaración durante dos días, en marzo de 2010 el juez Castro impuso a Matas la fianza de tres millones de euros en el marco del caso Palma Arena, una de cuyas principales líneas de investigación se centran en el lujoso tren de vida llevado por el encausado cuando era máximo dirigente de la Comunidad Autónoma y que, de acuerdo a las pesquisas, no se corresponde con los ingresos que obtenía como presidente.
Los investigadores apuntan de esta forma a la relación de los elevados gastos de Matas con la presunta malversación de aproximadamente cincuenta millones de euros durante la ejecución del velódromo palmesano (2005-2007). Unos hechos que niega de forma tajante el expresidente, quien durante su declaración manifestó que parte del dinero que obtenía mensualmente por el alquiler del local de Sant Miquel no lo declaraba, justificando así que pagase en negro parte de los 400.000 euros que se gastó en reformar el 'palacete' y negando haber rehabilitado la vivienda con fondos públicos.