La defensa de la expresidenta del Parlament y del Consell Maria Antònia Munar ha alegado, durante la fase de cuestiones previas del juicio que ha arrancado este lunes contra su patrocinada y otros nueve acusados, la indefensión que padece la exdirigente de UM después de que se le denegase la práctica de una prueba pericial contable una vez finalizada la instrucción de la pieza del caso Maquillaje que se está enjuiciando por un presunto desvío de 240.000 euros a un programa radiofónico a sabiendas de que nunca sería emitido.
Así lo ha puesto de manifiesto ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma el abogado de Munar, Gabriel Garcías, quien ha recordado que cuando se desestimó esta diligencia "se nos dijo que la podíamos haber pedido en instrucción", si bien ha apuntado a la falta de tiempo que impidió haberla propuesto antes y ha apelado a artículo 786 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para incidir en la indefensión sufrida.
A este respecto, el fiscal Juan Carrau ha recordado que la Audiencia ya se pronunció al respecto y no vio motivos de nulidad de las actuaciones como tampoco de indefensión. "Se ha solicitado una prueba tardíamente y no es el momento oportuno para pedirla", ha espetado.
Munar ya recurrió el auto por el que fue incoado este fleco del caso Maquillaje al haberle sido notificado de forma tardía, lo que le habría causado indefensión, tal y como alegaba el letrado. Sin embargo, la Sección Segunda desestimó las apelaciones al considerar que los recurrentes tuvieron conocimiento de la existencia del auto impugnado "mucho antes de que les fuera formalmente notificado".
Mientras tanto, el letrado ha aportado copia testimoniada del plan estratégico del Consell correspondiente al año 2005 y dos certificados, uno de ellos del Ayuntamiento de Costitx y el otro de UM, más en concreto de "quienes tenían firma para sacar dinero". Por su parte, la defensa del exvicepresidente insular Miquel Nadal ha entregado cuatro folios en los que consta cómo su cliente anuló pagos que había recibido de Studio Media, una de las productoras bajo lupa judicial en el marco de estas pesquisas.