El conseller de Administraciones Públicas, Simón Gornés, ha negado este miércoles que el Govern pretenda "castellanizar" los topónimos de los pueblos de las Islas mediante la modificación de la Ley de Función Pública y ha considerado que el 99 por ciento de los municipios de la comunidad mantendrá su única forma en catalán.
Durante la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales, el conseller ha explicado que con el cambio de la normativa no se "obliga" a ningún consistorio a cambiar su topónimo, puesto que esto dependerá del "acuerdo de cada pleno" y, en última instancia, del Consell Insular correspondiente.
Así, ha indicado que hay localidades de las islas que "no tienen ningún problema porque tienen un único nombre oficial que es conocido por todos". No obstante, según ha añadido, se debe "aplicar el sentido común" en los "casos puntuales" en los que se conozcan los dos nombres y dar, de esta forma, "oficialidad" al nombre en castellano.
"DISPARATE" TRADUCIR ALGUNOS TOPÓNIMOS
"Dentro de la normalidad se debe aplicar el sentido común, detrás de la no oficialidad siempre hay una exclusión y una barrera", ha señalado el responsable autonómico. En cualquier caso, ha admitido que en algunos pueblos "sería un disparate" traducir sus topónimos al castellano. "El Estatut da libertad a utilizar cualquier de las dos lenguas y esto es lo que queremos", ha concluido Gornés.
Por otra parte, el conseller se ha referido también a otros aspectos como al paso de requisito a mérito del catalán en el acceso a la función pública y ha destacado que esta medida es para "asegurar la correcta satisfacción de los derechos lingüísticos".
Asimismo, después de que el diputado del PSM-IV-ExM y Més per Menorca, Nel Martí, haya señalado que de esta forma se va a favorecer que los procedimientos administrativos "sean cada vez más en castellano", Gornés ha destacado que se continuará realizando una "discriminación positiva" hacia las personas que tengan el certificado de catalán.
Por otro lado, Martí ha preguntado al conseller si considera "correcto" que el Govern haya optado por llevar a cabo esta modificación en el acceso a la función pública a la UIB, que es "la máxima institución en el ámbito de la lengua catalana".
Así, Gornés le ha replicado que las alegaciones que presentó la universidad fueron "valoradas y meditadas", si bien finalmente se decidió no incluirlas "porque no van en sintonía con lo que el Govern piensa que se debe desarrollar a nivel de nueva normativa".
"CONTRADICCIONES" DE LA UIB
En cualquier caso, el conseller ha señalado que ve "cierta contradicción" en que la UIB alegue considerando que el catalán debe ser un requisito en el acceso a la administración autonómica, cuando en el "funcionamiento interno" de la universidad no está así contemplado en el acceso de sus docentes, "cosa que nosotros sí hacemos" en la educación pública, ha criticado Gornés, quien, no obstante, ha señalado que se trata de su visión personal.
Gornés ha manifestado que el 98 por ciento de la administración de Baleares "funciona en catalán" por lo que, según su opinión "este uso extensísimo de la lengua propia de las islas será difícilmente modificable". Según ha añadido, las nuevas generaciones" salen sabiendo más catalán.
Además, ha señalado que la Ley de Normalización Lingüística de la comunidad fue redactada "en un momento sociolingüístico determinado", hace 30 años, por lo que, se debe adaptar "al nuevo contexto".
Por su lado, el diputado de la coalición econacionalista ha lamentado que, con las modificaciones de las leyes que plantea el Ejecutivo autonómico, se vaya a "vulnerar e invalidar" los derechos de los ciudadanos. Asimismo, ha remarcado que el PP parte de una "diagnosis de la situación absolutamente falsa" que es que el castellano se encuentra en situación de debilidad frente al catalán en el archipiélago.
PNL SOBRE NUEVOS JUZGADOS RECHAZADA
Durante la Comisión, también se ha debatido una Proposición No de Ley del PSIB, que ha sido rechazada con el voto en contra del PP. Los socialistas, ha defendido Pilar Costa, pretendían que la Cámara instase al Govern a recuperar los proyectos de inversión en el Presupuesto de 2012 para la construcción de los juzgados de Ibiza, Manacor y Ciutadella.