La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Balears ha condenado al exconseller de Turismo Francesc Buils a tres años de cárcel por los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos ejecutados en continuidad delictiva, en el marco de la pieza número 4 del Caso Voltor, por gratificar con 15.000 euros al exalcalde de Sóller y empresario Antoni Arbona, a quien favoreció con dos expedientes de contratación creados 'ad hoc' desde el Instituto de Estrategia Turística para beneficiarle.
Asimismo, le condena a un año de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de dos años por el delito de malversación, si bien sustituye la pena privativa de libertad por la de dos años de multa con una cuota diaria de seis euros (4.380 euros).
El tribunal también condena al exconseller de Turismo y expresidente de Unió Mallorquina (UM), Miquel Nadal, a tres años de cárcel por los delitos de prevaricación y malversación, en el marco de la misma pieza desgajada del caso Voltor.
Al mismo tiempo, condena al exgerente del Inestur Antonio Oliver a la pena de un año y medio de prisión e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo por dos delitos de malversación de caudales públicos, en relación de concurso medial y ejecutados en grado de continuidad delictiva, concurriendo la circunstancia atenuante de colaboración.
No obstante, sustituye esta pena por la de tres años de multa con una cuota diaria de seis euros (6.570 euros), y se le impone la pena de inhabilitación especial para todo empleo o cargo público por tiempo de 21 meses por el delito de prevaricación.
Crisis de gobierno
La Audiencia condena al exjefe del Inestur Antonio Rebassa a las penas de cuatro años y medio de cárcel por el delito de malversación de caudales públicos y a la de inhabilitación absoluta por un tiempo de ocho años, mientras que le condena por el delito de prevaricación a la pena de inhabilitación especial para todo empleo o cargo público por tiempo de ocho años y medio.
Esta es la primera condena del caso Voltor, cuya operación policial, que estalló a principios de 2010 con la detención de varios exaltos cargos de UM, provocó una crisis sin precedentes en el Ejecutivo autonómico, cuyo entonces presidente, Francesc Antich, decidió expulsar a todos los cargos ejecutivos de esta formación de las principales instituciones de las Islas.