De momento José María Rodríguez no verá mermada su libertad para relacionarse con otros imputados en el caso Over Marketing o con testigos de la causa. Así lo ha decidido el juez José Castro en un auto notificado ayer que si bien descarta, por ahora, la adopción de la medida cautelar instada por el Ministerio fiscal de incomunicación de Rodríguez , supone un auténtico varapalo para el exdelegado del Gobierno en Balears y actual secretario general del PP de Palma. El auto relata los hechos que precipitaron la dimisión de Rodríguez como delegado del Gobierno cuando la investigación del caso Over se desarrollaba aún bajo secreto de sumario.
El juez asegura que José María Rodríguez "pretendió atentar abiertamente contra la independencia judicial" cuando, al tener noticias de la investigación del caso Over, ordenó, aprovechando su cargo de delegado del Gobierno, a mandos de la Guardia Civil de la Comandancia de Balears (concretamente al coronel jefe y al mando inmediatamente inferior) que le informaran sobre la pieza separada en la que estaba siendo investigado él mismo. Al negarse los mandos a informarle, les dio la orden de abrir una investigación interna sobre posibles filtraciones relacionadas con el caso. Rodríguez reunió a dichos mandos en varias ocasiones, entre mayo y junio de este año, en su despacho de la Delegación de Gobierno.
La presión fue tal que los mandos llegaron a pedir al juzgado, según se indica en el auto, que las investigaciones que se les habían encomendado pasaran a la Unidad Central Operativa, petición que finalmente no fue contestada por el juzgado al producirse poco después, y antes de la respuesta, la dimisión de José María Rodríguez como delegado del Gobierno.
El juez tiene claro que la orden que dio Rodríguez a los mandos de que investigaran posibles filtraciones no es más que una reacción a la negativa de éstos a informarle de las pesquisas en su contra, y no responde a ningún celo por velar por el mantenimiento del secreto de las actuaciones, ya que el propio Rodríguez pretendía que los mandos quebrantaran el secreto a que estaban obligados por el juzgado. Además, el juez destaca que Rodríguez nunca antes se había preocupado por posibles filtraciones. Según el juez, Rodríguez, con su actuación, "traspasó claramente los límites que le impone la división de poderes del Estado y aunque tal comportamiento no consiguiera su propósito, pretendía abiertamente atentar contra la independencia judicial".
El auto es un continuo reproche a la actuación de Rodríguez y califica de graves los hechos. Además, el juez dice que no solo el exdelegado no ha recapacitado y admitido como mínimo el error cometido sino que en su declaración judicial de anteayer sábado se mostró "orgulloso" de la orden dada a los mandos.
Solo el hecho de que hoy por hoy Rodríguez no ostente ya cargos públicos desde los que pudiera ejercer presión e interferir en el desarrollo de la investigación lleva al juez a no adoptar medidas cautelares y a dejar entrever claramente que si Rodríguez siguiera en su puesto de delegado del Gobierno tomaría medidas en su contra para evitar que bloqueara la investigación.
Llamadas sorpresivas
La petición de incomunicación de Rodríguez con el resto de imputados o testigos la formuló el Ministerio fiscal anteayer después de que la exdirectora general de Función Pública se refiriera a una sorpresiva llamada de Rodríguez antes de su declaración. El juez llega a la conclusión de que esa llamada "no consta que se haya revelado como pretendidamente determinante" de la declaración de la testigo y por ello descarta en este momento imponer medidas a Rodríguez. No obstante, el juez hace referencia a que muchos testigos que han declarado hayan recibido previamente –sin especificar de quien- apoyos o consejos "tan inútiles como sospechosos" y, por ello, advierte que si se siguen produciendo podrían llegar a adoptarse medidas cautelares similares a la solicitada por el fiscal.
Tras esta advertencia, el juez resuelve que no procede la adopción de la medida cautelar instada contra José María Rodríguez, "sin perjuicio" de que pudiera acordarse "no solo respecto de éste sino también frente a otros imputados si las circunstancias lo hicieran aconsejable". El auto del juez detalla que Rodríguez ha sido investigado por supuestos delitos cometidos por él durante la campaña electoral de 2003, cuando desempeñaba el cargo de secretario del PP balear y también por supuestos delitos cometidos con ocasión de desempeñar el cargo de conseller de Interior y Función Pública.