Acuerdo a medias sobre el despido de la tripulación del Fortuna. La representación de los trabajadores, Patrimonio del Estado y la empresa Unión Naval Valencia convinieron ayer que los empleados despedidos cobrarán en total algo más de 1,2 millones de euros como indemnización. El acuerdo también incluye la admisión por parte del Estado que existía una relación funcional y retributiva entre la Casa del Rey, Patrimonio Nacional y los empleados. Lo que queda en el aire y que tendrá que ser decidido en sentencia es si existió una cesión ilegal de trabajadores por parte de la empresa que se encargaba del mantenimiento al Estado. De ser así, la indemnización sería asumida de forma solidaria entre esta compañía y Patrimonio Nacional.
Ayer el juicio fue un pacto encubierto, toda vez que ninguna de las tres partes representadas en el procedimiento informó siquiera ante la Sala de lo Social del TSJB para defender sus pretensiones. La falta de un acuerdo expreso responde a que legalmente la Abogacía del Estado no puede allanarse a una demanda de este tipo. Ante esta situación, lo que se acepta es el relato de hechos que realizó la demanda de los trabajadores a excepción de un punto. Lo que todas las partes aceptan es que Patrimonio Nacional dio por finalizado el contrato de mantenimiento del yate el pasado mes de junio. La empresa realizó un expediente de regulación de empleo por causas técnicas que afectaba a los diez trabajadores.
En el periodo de consultas, se llegó a la conclusión de que no había opciones de recolocar a los empleados y en agosto los empleados pasaron a ser despedidos. La empresa les ofreció una indemnización de 20 días por año trabajado que los empleados no llegaron a cobrar. Todos los empleados tienen una elevada antigüedad y cobraban desde 383 euros al día el capitán hasta 144 euros diarios el oficial con sueldo más bajo.
Cedidos a Patrimonio
Los trabajadores sostienen que su contratación fue fraudulenta ya que lo que fueron cedidos a la verdadera empleadora, en este caso Patrimonio Nacional. Uno de los puntos aceptados por las partes de la demanda narra describe que: «Todos los trabajadores dependían funcionalmente de la Casa Real. Estaban vinculados a la misma con una relación laboral de dependencia y ajeneidad y la dependencia retributiva era de Patrimonio Nacional, quien aprobaba el presupuesto anual de funcionamiento del barco, incluida la masa salarial de la totalidad de la plantilla».
De hecho, la demanda añade que el centro de trabajo -el propio yate- no pertenecía a la empresa y que Unión Naval Valencia nunca ha tenido el control ni la dirección de la actividad, ni ha asumido el riesgo inherente a la condición de cualquier empleador. «Es más, tal y como reconoce la propia empresa, Patrimonio Nacional asumiría las indemnizaciones por despido objetivo de los tripulantes del yate, en caso de ser desvinculados».