El presidente del Govern balear, José Ramón Bauzá, asume personalmente el coste de su representación jurídica ante el Tribunal Supremo en el recurso contra el archivo de la demanda en defensa de su honor que presentó contra el exlíder de UGT, Lorenzo Bravo, por llamarle «facha».
Preguntado por la admisión a trámite de una querella de UGT por el uso de recursos públicos para la defensa jurídica privada, el vicepresidente del ejecutivo, Antonio Gómez, ha asegurado que Bauzá «se ha buscado una defensa personal» para tramitar su recurso ante el Supremo.
No obstante, Gómez ha insistido en defender que la demanda contra Bravo por sus insultos la planteara, por decisión del Consell de Govern, la abogacía de la Comunidad, que también ejerce la defensa del presidente y de él mismo por la querella por malversación, prevaricación y tráfico de influencias que tramita un juzgado de Palma.
«La defensa de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones corresponde a los servicios jurídicos de la Comunidad», ha incidido el vicepresidente, para quien el sindicalista hizo «manifestaciones injuriosas» contra Bauzá en «su condición de presidente del Govern».
En el turno de preguntas al Govern del pleno del Parlament de hoy, el diputado socialista Vicenç Thomàs ha subrayado que el jefe del ejecutivo «utilizó a la abogacía de la Comunidad para defender su honor, un derecho que tanto el Tribunal Supremo como el Constitucional reconocen a las personas físicas, no a las jurídicas.
«A Bauzá no le tembló la mano para defender su honor personalísimo» con recursos públicos y al defenderse de la querella de UGT «se reafirma en confundir lo público y lo privado», ha criticado el portavoz adjunto socialista.