El decano del partido judicial de Palma, Francisco Martínez Espinosa, ha anunciado la apertura de diligencias previas contra la persona que filtrase una fotografía y un vídeo grabado durante la declaración, el pasado sábado, de la infanta Cristina, si bien ha manifestado que por el momento se está investigando el origen de ambos.
Así lo ha señalado este lunes, a su llegada pasadas las 9.00 horas a los Juzgados de Via Alemania, donde ha manifestado que de incoarse estas investigaciones no sabe si irían a cargo del propio juez instructor del caso Nóos, José Castro, o se deduciría testimonio de ello en el juzgado de guardia.
El decano ha atribuido lo sucedido a un fallo del sistema por cuanto la persona en cuestión logró acceder al edificio judicial con un dispositivo que permitiera la grabación.
«No estoy preocupado, pero sí en cierta medida indignado por quien llevó a cabo esta práctica, quien desmerece radicalmente lo que hizo. Debe pagar las consecuencias legales por ello», ha incidido.
Martínez Espinosa ha apuntado que el aparato con el que se registraron las grabaciones debió de ser un dispositivo de pequeño tamaño, puesto que «hoy en día hay medios tecnológicos de reducida dimensión» que así lo permiten, aunque ha asegurado desconocer los pormenores de cómo se realizó esta conducta.
Asimismo, ha apuntado que hasta el momento no tiene constancia de queja alguna que se haya presentado por este motivo.
Normalidad
Al margen de ello, ha recalcado que la declaración discurrió con «absoluta normalidad» y con una «correcta organización», aparte «de esta incidencia, que lamento, evidentemente».
Precisamente, el juez Castro dio este domingo una orden verbal al jefe superior de la Policía Nacional en Baleares a fin de que abra una investigación inmediata para averiguar el origen de la imagen publicada ayer por el diario 'El Mundo' que se tomó dentro de la sala de vistas en la que este sábado declaraba como imputada la Duquesa de Palma.
Cabe recordar que el magistrado había dictado anteriormente un auto en el que se prohibía expresamente la grabación de imágenes en el interior, requisándose cualquier aparato electrónico que así lo permitiera a las personas que iban a asistir a la comparecencia.