El senador socialista Francesc Antich ha explicado este jueves en el Parlament que el Gobierno central se plantea pagar 410.000 euros en caso de que se revocaran los permisos para obtener hidrocarburos en el Golfo de Valencia, cantidad que corresponde a la gastada hasta ahora por la concesionaria.
El segundo escenario que analiza el ejecutivo de Madrid, ha proseguido, es que además de esta cantidad haya que abonar el lucro cesante por los ingresos que habría podido obtener la empresa en caso de continuar con sus trabajos.
De todos modos, ha añadido, hasta ahora la empresa concesionaria no ha dado con yacimientos de hidrocarburos en la zona analizada, algo que de producirse debía haber comunicado al Gobierno de España.
Los senadores autonómicos de Baleares han comparecido hoy en la comisión de Economía del Parlament para explicar las actuaciones que han realizado en el Senado con el objetivo de paralizar estas prospecciones.
«Pim pam pum» en la Comisión
En el turno de preguntas, el diputado autonómico del PP Miquel Jerez ha criticado que el Goven que lideró Antich de 2007 a 2013 «no hizo nada» contra de los permisos de explotación de hidrocarburos concedidos en diciembre de 2010 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
También le ha echado en cara que declarara como presidente que las prospecciones no suponían «ningún escándalo» y que no conocía que se hubieran producido «ningún desastre medioambiental».
Antich deseaba que su comparecencia de hoy no se convirtiera en un «pim pam pum», pero se ha visto obligado a responder al PP y ha recordado que él manifestó públicamente su oposición a las prospecciones, algo que omiten los populares continuamente, ha lamentado.
Recurrir «no habría servido para nada
Así, ha señalado que ha señalado que cuando ejercía de presidente del Govern, «no se recurrió» en contra de las prospecciones petrolíferas porque tal como está redactada la Ley vigente «no habría servido para nada» y ha añadido que «es ahora», en el momento en que se van a realizar los sondeo sísmicos, «cuando se tiene que actuar en contra de las prospecciones».
El senador autonómico ha argumentado que una sentencia del Tribunal Supremo «tumbó» una iniciativa del Ayuntamiento de Valencia en la que se pedía que se denegasen las autorizaciones porque, según la Ley aprobada por el Gobierno de José María Aznar, éstas se tenían que dar si las empresas demostraban «capacidad de gestión y financiación» y realizaban «un compromiso medio ambiental por fases».