El Govern ha denunciado este viernes públicamente la «deslealtad institucional» del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por las dudas que tiene ahora respecto a la constitucionalidad del impuesto del ejecutivo balear para la transmisión de vehículos matriculados de segunda mano.
En rueda de prensa, la portavoz del Govern, Núria Riera, se ha mostrado contundente en su crítica al ministerio, sobre todo porque este impuesto, que ya se está aplicando, contó en su día hasta con tres informes favorables y ahora los técnicos del gobierno central plantean sus dudas.
«Me sorprende realmente», ha dicho la portavoz, que ha añadido que, antes de que el ministerio interponga un recurso de inconstitucionalidad, los técnicos de ambas administraciones públicas se reunirán para tratar de aclarar las diferencias existentes.
El Govern balear «hará todo lo que tenga que hacer para evitar cualquier atisbo de duda de constitucionalidad en este impuesto», ha comentado Riera, que ha insistido en que el ejecutivo autonómico está «bastante sorprendido» por estas «discrepancias».