La titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Palma, Carmen Abrines, ha archivado las pesquisas contra dos jóvenes que fueron imputados a raíz de los altercados registrados en el centro de Palma entre la Policía y unos 40 estudiantes el 17 de septiembre de 2013, cuando se estaba llevando a cabo la segunda jornada de huelga indefinida en la enseñanza de Baleares.
Mediante un auto al que ha tenido acceso Europa Press, la jueza alega que no existen indicios racionales de criminalidad imputables a Pau S.F. y a Jorge C.F., puesto que ninguno de ellos fue visto por ningún testigo que hubiera permitido identificarlos en la realización de acto delictivo alguno o que pudiera siquiera ser tipificado como falta.
Las actuaciones judiciales fueron incoadas después de que agentes de la Policía denunciasen que numerosos jóvenes estaban intentando acceder al instituto Arxiduc Lluís Salvador, en la calle Gelabert de Centelles, llevando a cabo a su vez actos vandálicos contra vehículos y mobiliario urbano.
Según relataban los efectivos policiales, una vez éstos llegaron al lugar, unas treinta personas huyeron de la zona hacia la calle Aragón, desobedeciendo a los agentes y mostrando «en todo momento una actitud despectiva y desobediente» hacia los mismos. Mientras, la directora del instituto denunció cómo otro grupo de jóvenes intentaron acceder al edificio por la zona del parking, «llegando a zarandear varios coches».
Sin embargo, la magistrada asevera en su auto que de las manifestaciones de los policías no puede inferirse que los dos inculpados, defendidos por el abogado Josep de Luis, participaran en los hechos, puesto que «únicamente alegaron que los imputados formaban parte de un grupo cuyos miembros estaban intentando entrar en un instituto (...) y que se hallaban realizando actos vandálicos contra vehículos, mobiliario urbano y pintadas».
Es más, la jueza subraya que, en cuando a los daños, tampoco han sido acreditados sino que tan sólo hay constancia de la realización de una pintada en un buzón del centro de enseñanza. Y es que, señala, el único medio con el que se podía identificar a las personas que pudieron realizar algún acto «susceptible de criminalización» es la grabación aportada a la causa, pero cuyo visionado «no ha arrojado luz alguna».
En concreto, los dos jóvenes estaban imputados por presuntas faltas de desórdenes públicos, coacciones, daños, daños y deslucimiento de inmuebles así como por un delito de lesiones contra agentes de la Policía Local, si bien finalmente la magistrada concluye que no hay indicios de que ambos incurrieran en estos hechos.