La Associació d'Inspectors d'Educació de les Illes Balears (Adide) declaró ayer que el Tratamiento Integrado de Lenguas «no se está aplicando en los centros educativos de forma correcta» e, incluso, «en algunos de ellos no se está aplicando de ninguna forma porque ni siquiera tienen el proyecto lingüístico aprobado». Así lo afirmaron Pere Ríos, José Manuel Bar y Pere Carrió, integrantes de esta asociación que ayer presentaron la nueva junta directiva elegida.
Ríos estimó que en esta situación pueden estar cerca del 20 % de los colegios o institutos «y la Conselleria d'Educació lo sabe», aseguró. En este porcentaje están incluidos tanto los centros que no tienen aprobado el proyecto lingüístico por el Consell Escolar -que se encuentran en un limbo- como aquellos que se acogieron este curso a una disposición transitoria que permitía, si no se disponía del profesorado necesario, no impartir asignaturas en inglés, pero sí debían equilibrar las horas de catalán y castellano. «En los centros que no se aplica -matizaron- no es tanto por rebeldía como porque hay una imposibilidad real para hacerlo», dijeron.
Los inspectores fueron tajantes a la hora de asegurar que «las dificultades que está provocando el TIL son enormes, porque no hay recursos y falta formación en los docentes». Por eso, lamentaron que «si se evaluase el rendimiento de los alumnos se detectarían problemas», aunque «si lo que se evalúa son los resultados, es decir las notas, se verá menos incidencia pero sólo por la responsabilidad que están demostrando los docentes».
Allá donde ha tenido éxito un modelo similar ha sido por la voluntariedad de los centros, recordaron, y criticaron «la imposición y la precipitación con que la Conselleria ha implantado este modelo».
Peligro
Por todo, reconocieron que «ninguno de nosotros recuerda un curso tan convulso y conflictivo como el actual» y «no somos optimistas con respecto al próximo».
Se mostraron realmente preocupados por el contexto en que están trabajando los inspectores y aseguraron que con algunas actuaciones de la Conselleria «se han puesto en peligro cosas como la libertad de expresión -por ejemplo con la Ley de Símbolos-, o el derecho de huelga».
Así las cosas, hicieron una «llamada al consenso, al diálogo y al sentido común».