El exconseller de Educació i Cultura Francesc Fiol ha reiterado este lunes al juez del caso Palma Arena, José Castro, que fue el expresidente del Govern Jaume Matas quien ordenó contratar al arquitecto Santiago Calatrava para diseñar un palacio de la ópera en Palma y que el proceso fue «completamente legal».
Fiol ha declarado como testigo después de que el pasado martes Castro decretase su desimputación provisional, al igual que del propio Calatrava y del ex secretario general de la Conselleria de Educació, Sebastián Vanrell, y al ex gerente del Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos y Culturales (Ibisec), Andreu Obrador.
El exconseller se ha declarado «muy contento» por el archivo de su imputación en esta pieza del caso Palma Arena, la número 3, «aunque haya pasado un poco de tiempo desde la declaración (como imputado) en febrero de 2011», ha puntualizado.
«Era un proyecto completamente legal, independientemente de que guste o no guste, como se ha reconocido con la desimputación», ha recalcado al concluir su declaración.
Obra
Fiol ha indicado que como testigo ha declarado lo mismo que cuando estaba encausado y, por tanto, ha vuelto a explicar que el encargo a Calatrava del proyecto de un palacio de la ópera fue una idea del entonces presidente Matas, que lo habló con el arquitecto.
«Cuando le pareció que este era un proyecto que podía realizarse es cuando se inició un expediente que permitiera esta contratación», ha explicado Fiol, que impulsó el proceso como presidente del Ibisec.
El arquitecto valenciano cobró 1,2 millones de euros por el proyecto genérico y la maqueta que presentó al Govern poco antes de las elecciones autonómicas de 2007, en el que planteaba un gran edificio para las artes escénicas frente a la catedral de Palma, que formaría el tercer vértice de un triángulo monumental que completarían el templo gótico y el castillo de Bellver.
Matas, sobre quien pesan ya dos condenas por corrupción, no pudo presentar en público el proyecto poco antes de los comicios, como pretendía, porque lo prohibió la Junta Electoral y posteriormente perdió las elecciones y la idea no llegó a ejecutarse.
El exconseller ha incidido en que, «se esté de acuerdo o no», la ley vigente permite contratar de forma directa la realización de determinados proyectos singulares.
Por lo tanto, entiende que ninguno de los intervinientes en el proceso cometió ningún delito, incluido el propio Jaume Matas, que todavía permanece imputado.
Fiol ha evitado pronunciarse directamente sobre este hecho, pero sí ha insistido en su opinión de que no hubo ninguna irregularidad.