El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ha avalado la rescisión del contrato de limpieza y mantenimiento del Palacio de Marivent a la empresa Lireba que ordenó en 2012 el actual Govern tras comprobar el incumplimiento de las condiciones pactadas.
Además de confirmar el proceso seguido por el Govern para asignar el cuidado de la residencia estival de la Familia Real a otra empresa, la sala de lo contencioso administrativo del alto tribunal regional ha desestimado la reclamación de casi 130.000 euros que planteaba Lireba y solo le ha reconocido el derecho a cobrar 22.741 euros que le debía la administración regional.
En la sentencia se constata el incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria del contrato de mantenimiento y limpieza de Marivent suscrito en agosto del 2011, algo que la misma sala ya sentenció respecto a los contratos anteriores, por los que obligó a Lireba a devolver a la administración 247.000 euros que cobró por servicios no prestados.
Además, en el ámbito penal, un juzgado de instrucción tomó declaración como imputado el pasado mes de noviembre al exconseller autonómico de Presidencia Albert Moragues en el marco de una investigación sobre las presuntas irregularidades en la adjudicación de los servicios de conservación del la residencia real en Palma.
La jueza Carmen Abrines investiga la contratación ante las sospechas de que optaron a ella tres empresas que estaban vinculadas entre sí y, además, que la adjudicataria no prestó adecuadamente el servicio porque cobró por trabajadores inexistentes.
En la sentencia contencioso administrativa hecha pública este miércoles, contra la que no cabe recurso ordinario, los magistrados recuerdan que ya fallaron en contra de la empresa por incumplir los contratos de 2007 y 2009 y confirman que el Govern actuó correctamente al rescindir el contrato de 2011 al comprobar que Lireba vulneraba las condiciones pactadas aportando menos de la mitad de empleados.
La sala tilda de «descabellado» que la contratista culpe de su incumplimiento a las restricciones de seguridad en el acceso de trabajadores al complejo de Marivent, ya que correspondía a la empresa acreditar debidamente a sus empleados «por razones evidentes».
El TSJIB también ampara la decisión del Govern de asignar a otra empresa los servicios inmediatamente después de iniciar en junio de 2012 el proceso para rescindir el contrato vigente, dado que por «la proximidad de la temporada estival y la llegada del Jefe del Estado a Marivent, se hacía imprescindible dar una respuesta inmediata».
Los magistrados reprochan a la parte demandante que, tras la rescisión del contrato, creara «una situación deplorable a las puertas de Marivent» al enviar al recinto «a empleados carentes de la documentación de seguridad exigible».