El Consell de Govern ha aprobado este viernes el proyecto de ley de comercio de Baleares que ha sido «debatido y consensuado» al máximo con todas las partes involucradas y que resuelve aspectos que no habían tenido respuesta hasta ahora, ha defendido el conseller de Economía y Competitividad, Joaquín García.
García ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern junto a la portavoz del ejecutivo balear, Núria Riera, que el texto tiene tres principios inspiradores, que son la regulación exclusiva de la actividad comercial, la liberalización y la simplificación administrativa, ha explicado García.
El nuevo marco se centra en regular solo la actividad comercial y excluye aspectos como la lengua en la que se pueden rotular los establecimientos y atender al público, con lo que se elimina la obligatoriedad de hacerlo en las dos oficiales y los empresarios podrán informar en el idioma que decidan.
García ha defendido que este «no es un ámbito de la ley de comercio» y que el empresario debe tener libertad para tomar la decisión en este aspecto.
El conseller ha destacado las «horas de trabajo» con las asociaciones empresariales, sindicatos, consumidores, consells insulars y ayuntamientos para que este proyecto de ley cuente con el mayor consenso posible, con el objetivo de que siente «las bases del futuro del comercio» en las islas.
Este proyecto de ley, que será trasladado al Parlament para su aprobación definitiva, adapta la normativa autonómica a la estatal y europea, que incide especialmente en la «liberalización del sector» y profundiza en la simplificación administrativa.
El texto destaca la inclusión de los centros comerciales urbanos, que se potencian a través de planes de dinamización comercial en las diferentes localidades de la comunidad.
Además, diferencia por islas la superficie para su consideración de «gran establecimiento comercial"; así, en Mallorca será a partir de 700 metros cuadrados; en Menorca e Ibiza, desde 400 metros cuadrados y en Formentera, de 300 metros cuadrados.
García ha explicado que el proyecto de ley incentiva un crecimiento comercial sostenible y matiza que para incrementar superficie debe tratarse de un solar urbano con el uso comercial definido.
Según el proyecto de ley, todas las tiendas, excepto las grandes superficies, podrán abrir hasta 90 horas a la semana distribuidas en los días que consideren.
Además, la apertura máxima en domingos y festivos se establece para las grandes superficies en 15 días para el próximo año y 16 en los sucesivos.
La posible concesión de zonas de gran afluencia queda definida en el nuevo marco legal con una serie de criterios objetivos para su evaluación por parte de la Administración autonómica, a petición de los ayuntamientos si lo desean para todo su término municipal o parte de él.
Entre los requisitos a considerar está la concentración de establecimientos turísticos, la proximidad a áreas portuarias y ser zonas que atraigan al visitante de compras.
Las rebajas no tendrán ningún período específico establecido y cualquier comercio podrá hacer los descuentos que estime oportunos en los momentos que considere.
Otro de los puntos destacados del texto es la prohibición de venta de bebidas alcohólicas a menores de edad en establecimientos comerciales, y deja a los ayuntamientos la regulación, inspección y sanción de ventas de este tipo de artículos.
Con el nuevo marco serán los mismos municipios los que podrán inspeccionar y sancionar la venta ambulante, mientras que la ordenación territorial de los equipamientos comerciales corresponde a los consells insulars.
En este sentido, García ha explicado que se ha definido una ordenanza tipo para unificar criterios entre los distintos municipios en cuanto al concepto y regulación de la venta ambulante. En cuanto al régimen sancionador, se han actualizado las tarifas con el fin de que estas sean asumibles por parte del infractor, y se han acotado y definido los grados de sanción y las cantidades.