El Govern balear ha dejado este año fuera de las ayudas que concede a las entidades sociales que trabajan con personas y familias en riesgo de exclusión social a todas aquellas cuyo servicio para el que se solicita la subvención no cubra al menos el 50 % del territorio de la Isla, con independencia del número de personas a las que atienden o las competencias que abarcan.
Desde la Conselleria de Família i Serveis Socials no disponen del dato de cuántas ni qué entidades cumplen este requisito del 50 %, pero para la exconsellera d'Afers Social con el Govern del Pacte, Fina Santiago, este criterio limita las ayudas a unas pocas entidades, como Creu Roja o Càritas, que cubren todo el territorio balear.
La consellera Sandra Fernández explicó que la nueva convocatoria de subvenciones ha introducido esta novedad porque así lo han considerado adecuado los técnicos ?«criterio que ha sido avalado políticamente»?, como forma de «buscar una mayor eficacia». Fernández consideró que el Govern no puede olvidar su responsabilidad como administración suprainsular, «que además no tiene las competencias en materia de exclusión social, que son de los consells y los ayuntamientos», por lo que sus ayudas deben ir dirigidas a entidades que trabajan en todo ese territorio o, al menos, buena parte de él. Según los argumentos del Govern, para conceder ayudas a las entidades más pequeñas o de carácter local ya están las que entregan consells insulares o municipios. Pero para la exconsellera Santiago «el criterio debería ser competencial o poblacional, pero el del territorio es un error».
Pese a las quejas de entidades que se han quedado fuera, como Mallorca Sense Fam, Serveis Socials no se plantea dar marcha atrás. «Este año ya nos hemos retrasado en sacar la convocatoria, por lo que no se puede demorar más», pero de cara al año que viene «no nos cerramos a nada», aclaró Fernández.
A esta línea de ayudas, informó la Conselleria, se han presentado 16 solicitudes, aunque aún no se ha entrado a valorar los proyectos.