El Gobierno de Mariano Rajoy ha aprobado durante estos tres años una veintena de leyes que han quitado competencias a la Comunitat Autònoma sin que el Govern de José Ramón Bauzá haya abierto la boca. La última fue sólo hace un mes, fecha en la que Madrid aprobó un decreto-ley de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia que vuelve a poner en manos del Estado la legislación básica en materia de comercio.
El Govern acaba de aprobar una ley de comercio propia que contradice las disposiciones estatales y casi seguro que la tendrá que modificar si no quiere verse ante una impugnación por parte del Gobierno. Se trata de un proceso recentralizador en toda regla, que se suma a otras normas aprobadas esta legislatura.
El Gobierno ha quitado competencias a Balears en materia de dominio público hidráulico, ha adoptado medidas de control de gasto público y cancelación de deudas con los proveedores que ha obligado al Govern a pasar cuentas con el Ejecutivo, ha aprobado medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo o sanitario y ha aprobado leyes de costas que dejan al Govern de las Islas con menos poder de maniobra y con menos autogobierno.
La crisis
El listado abarca una veintena de disposiciones que han vulnerado directamente competencias de la Comunitat. Una de las más evidentes es la Ley de Costas: el Gobierno la modificó y mejoró la situación con respecto a los deslindes en Formentera, pero en paralelo aprobó una serie de normas relativas a las autorizaciones que quitan poder de decisión al Govern.
El informe sobre la conflictividad entre el Gobierno y las comunidades autónomas del Ministerio de Hacienda deja bien a las claras que la pasividad del Ejecutivo de Bauzá a la hora de defender sus competencias no se da en otros gobiernos autonómicos. El informe del Gobierno detalla que las comunidades autónomas han presentado 79 impugnaciones de las que 65 son recursos de inconstitucionalidad y 14, conflictos de competencias.
También del PP
Las comunidades que más veces han apelado al Tribunal Constitucional son Cataluña, Andalucía, Canarias y País Vasco, pero en la lista de las que han presentado recurso se encuentran algunas gobernadas por el PP, como es el caso de Murcia, Valencia y Extremadura.
El Govern de Bauzá no ha ido en ninguna ocasión a los tribunales a pesar de que el Gobierno ha incumplido flagrantemente algunas normas básicas de Balears, especialmente el Estatut. No ha llegado ni un euro de las inversiones estatutarias, lo que significa que, en los últimos tres años, Balears ha perdido competencias y dinero.
La última mala noticia de Madrid se hace producido hace tan solo unos días, cuando el presidente del Gobierno anunció que no se modificará el sistema de financiación, a pesar de que el que está en vigor debía ser revisado este mismo año.