La comunidad de Misioneros de los Sagrados Corazones y la Asociación de Vecinos del Secar de la Real han anunciado este viernes que han puesto a disposición de la justicia la información que han recabado durante una década sobre la decisión de levantar el hospital público en los terrenos de Son Espases.
Estas dos agrupaciones han anunciado este ofrecimiento a la Fiscalía de Balears durante una rueda de prensa celebrada este viernes, con el fin de su documentación contribuya a arrojar luz a la investigación sobre la adjudicación de las obras por parte del Govern de Jaume Matas.
«Consideramos que la numerosa información obtenida en la tramitación de esos procesos puede resultar de utilidad a la Fiscalía para el esclarecimiento de los presuntos hechos delictivos que son objeto de investigación», han señalado estas agrupaciones en un comunicado.
Según han señalado, las informaciones publicadas en los últimos días por diversos diarios locales corroboran sus teorías de que «la elección y emplazamiento del hospital en el Secar de la Real no fue fortuita y no fue el interés general, sino más bien una desviación de poder en perjuicio de toda la sociedad».
La presidenta de la Asociación de Vecinos de Secar de la Real Assumpció Renom, ha dicho que la documentación fue entregada a la Justicia a principios de esta semana.
Según un vecino de Secar de la Real, Antonio Roca, la ubicación del hospital en terrenos de Son Espases «es una operación de muchas secuencias, evidentemente intervienen muchos gobiernos. En la primera secuencia, nosotros fuimos actores principales, en la que fue la fase de compra, en la calificación de terrenos».
«Los tribunales de esta Comunidad, tuvieron la oportunidad de paralizar en varias ocasiones este proyecto y no lo hicieron», han apuntado las dos agrupaciones.
En el año 2006, ha indicado Roca, la Asociación de Vecinos de Secar de la Real y Misioneros de los Sagrados Corazones, presentaron dos solicitudes de medidas cautelares, una en el contencioso contra el Plan Territorial de Mallorca (PTM) y otra la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), y fueron denegadas.
«El Govern no puede apartarse ni quedarse en el mutismo», ha recordado Roca, ya que en la fecha reciente acaba de aprobar la Ley del Suelo Balear que en su articulado desarrolla nuevos mecanismos legislativos que pretenden neutralizar la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo.
Las dos agrupaciones ha expresado confianza en el funcionamiento del Estado de Derecho y pedido que se depuren responsabilidades de toda índole, incluso penales, en que hayan podido incurrir personas tanto públicas como privadas.
«Nosotros creemos en la justicia, sino, no habríamos hecho este trabajo», ha indicado Renom.