El juez Santiago Pedraz investiga siete operaciones inmobiliarias de Oleguer Pujol, hijo menor del expresidente catalán Jordi Pujol, y en el marco de esta investigación ha ordenado siete registros, dos de ellos en los domicilios de Oleguer y de su socio Luis Iglesias en Barcelona y Madrid, respectivamente.
Entre otras operaciones, el juez pretende aclarar el origen del dinero con el que se adquirieron 1.152 oficinas del Banco Santander por parte de la sociedad Samos Servicios y Gestiones, la adquisición de edificios de Bankia por parte de las sociedades Step Negocios y Ursus Alfa, la compra de un hotel en Canarias y operaciones realizadas entre Longshore y Prisa División Inmobiliaria.
Asimismo investiga operaciones realizadas entre Nueva Melilla Asociados y Tres Forcas Capital, así como la compra de inmuebles en Palma y la adquisición del edificio del Consejo General de la Abogacía por Step Negocios en 2012.
Las sociedades inversoras son propiedad de sociedades no residentes.
Se investiga además ampliaciones de capital entre sociedades (residentes y no residentes), inversiones que no parecen tener financiación suficiente, hipotecas como garantías de préstamos otorgados a personas jurídicas que no parecen ser titulares de los bienes que sirven como garantía.
El juzgado indaga si, mediante las suscripciones y aportaciones de capital y mediante los préstamos llevados a cabo entre residentes y no residentes, se han situado en España fondos procedentes del exterior y viceversa.
Todo ello podría ser constitutivo de delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Publica.
Registros
Según han informado fuentes fiscales, las diligencias se han ordenado después de que la Fiscalía Anticorrupción presentara a Pedraz esta semana una querella de unos 40 folios contra Oleguer Pujol, en base a un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía que analiza todas sus operaciones.
En total se han practicado 7 registros, cuatro de ellos en Madrid correspondientes al domicilio de Iglesias y a empresas vinculadas al hijo de Pujol en los números 30 y 166 del Paseo de la Castellana y en el 18 de Eduardo Dato.
En Madrid la Policía también ha acudido a la sede de la empresa Drago del 216 del Paseo de la Castellana para requerir documentación, aunque esta diligencia no se trata de una entrada y registro.
En Barcelona se ha registrado la casa de Oleguer Pujol, en Valencia la sede de una empresa y en Melilla la de la sociedad Tres Forcas Capital, según las mismas fuentes.
En ellos se ha ocupado diferente documentación y archivos informáticos, aunque la operación, que está declarada secreta, sigue abierta.
Pedraz, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, ha acordado la práctica de las diligencias de entradas y registros, el requerimiento de documentación y el embargo de cajas de seguridad de los que sean titulares o beneficiarios los imputados.
Para facilitar los registros y evitar la destrucción de pruebas, se ha procedido a la detención policial de Oleguer Pujol y de su socio porque, según la Fiscalía, «la permanencia en dependencias policiales resultaría desproporcionada», aunque tras esta diligencia quedan en libertad pero como imputados.
Paraíso fiscal
La Fiscalía Anticorrupción presentó recientemente una querella ante Pedraz contra Oleguer Pujol, tras conocer que había admitido parcialmente a trámite la querella presentada por Podemos y Guanyem Barcelona en lo que respecta al hijo menor del expresidente catalán y sólo por la compra de un hotel en Canarias por ocho millones de euros con dinero de origen desconocido procedente del paraíso fiscal de las Islas Vírgenes.
Ahora, está pendiente de que la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF) de Hacienda le presente un informe sobre el aspecto tributario de las operaciones de Oleguer Pujol, es decir, el dinero que ha regulado, cuándo y cómo lo ha hecho.
Desde hace unos meses la Fiscalía Anticorrupción tenía abierta una investigación a Oleguer Pujol por un presunto delito de blanqueo en relación a la operación de compra de 1.152 oficinas del Banco Santander por unos 2.000 millones de euros.
De hecho, en el punto de mira de la Fiscalía y de la UDEF, está la sociedad Drago, que cuenta con varios socios, pero de la que Oleguer fue administrador hasta aproximadamente el año 2013.
Esta empresa, que estaba a su vez ligada a otras sociedades en paraísos fiscales vinculadas al hijo menor de Jordi Pujol, reunía el dinero a través de la inversión de capitales y fondos de inversión, que la Fiscalía considera opacos, por lo que se trata de averiguar de dónde procedían en realidad ese dinero.
Anticorrupción sospecha que Oleguer creó empresas en paraísos fiscales, seis de ellas en las Islas del Canal y otras en las Antillas Holandesas, para la operación de compra de oficinas del Santander.
La operación de compra y el posterior alquiler de los locales al mismo banco la realizó Drago gracias a un crédito que le concedió el propio Santander.
La Fiscalía investiga dicho crédito y la procedencia del dinero que le sirvió a Drago para pagarlo posteriormente, trabajando con la hipótesis de que podría tener como origen comisiones ilícitas a la familia Pujol.