El sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular en el caso Nóos, reclamará una pena de ocho años de cárcel para la infanta Cristina como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales, al sostener, a través de esta figura jurídica, que su papel fue imprescindible para que su marido, Iñaki Urdangarin, pudiera defraudar hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF de 2007 y 2008.
Así lo han informado fuentes jurídicas, que señalan que ésta será la petición de condena que Manos Limpias incluirá en su escrito de calificación -que presentará entre el 3 y el 9 de diciembre junto al del resto de acusaciones de la causa-, convirtiéndose de este modo en la única acusación que solicitará pena de prisión para la Duquesa de Palma.
Para justificar su petición de ocho años de cárcel -cuatro por cada uno de los dos delitos fiscales-, la entidad considera que la hermana del Rey Felipe VI incurrió en una agravante, y fue el haber interpuesto una sociedad -Aizoon, de la que son copropietarios los Duques- para ocultar la verdadera identidad de los obligados tributarios.
De hecho, sostiene que la Infanta contribuyó, como socia de Aizoon, a que su esposo pudiera valerse de esta empresa 'pantalla' para facturar a través de la misma, como si de rendimientos de actividades económicas se tratasen, y no personales, las retribuciones que cobró de numerosas entidades privadas de las que era consejero asesor, y de este modo tributar menos en su declaración de la renta.
Es más, Manos Limpias, al igual que la Fiscalía, considera que Aizoon era una de las mercantiles ficticias que integraban el entramado societario presuntamente dirigido a desviar los fondos obtenidos por el Instituto Nóos -hasta 5,9 millones de euros- desde las Administraciones públicas.
MÁS DE 500.000 EUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Precisamente, el Ministerio Público reclamará a la Infanta, de forma conjunta con Urdangarin, que haga frente a una fianza civil de más de 500.000 euros por haberse lucrado de parte de los fondos que de forma irregular percibió Aizoon del entramado, y que ascienden a más de un millón de euros.
El fiscal Pedro Horrach, pese a apuntar a la inexistencia de indicios de criminalidad por parte de la Duquesa, sí considera que habría obtenido un beneficio o aprovechamiento ilícito de las cantidades supuestamente defraudadas en el seno de la organización delictiva urdida por su marido y el exsocio de éste, Diego Torres. La Fiscalía incluirá a la Infanta en su escrito de calificación junto a otros diez responsables civiles que se habrían lucrado de la trama.
Una vez tenga en sus manos el escrito de acusación de Manos Limpias, Castro deberá decidir si aplica o no la doctrina Botín sobre la Infanta Cristina, es decir, si la envía al banquillo de los acusados o si archiva definitivamente la causa para la Duquesa. La doctrina impide juzgar a alguien si únicamente le acusa quien ejerce la acción popular, en este caso Manos Limpias, y no la Fiscalía o el perjudicado por el delito cometido. Hasta el momento, ni Ministerio Público ni Agencia Tributaria han apuntado a la existencia de indicios criminales sobre la hermana del Rey.