La instrucción del denominado 'caso Farmacias' que trata la doble querella presentada por el farmaceútico menorquín, Cristóbal Pons, contra el presidente del Govern balear, José Ramón Bauzá, y otros altos cargos del ejecutivo, por un presunto delito de prevaricación, ha planteado nuevas diligencias.
El abogado, Miquel Mercadal, ha presentado ante la Audiencia Provincial de Palma, una nueva prueba documental y solicitado ante el juez instructor, Antoni Garcías, que cite a declarar a dos funcionarios y otras tres personas. La prueba constituye un escrito esencialmente técnico, mientras que los nuevos testigos estarían implicados en la pérdida del documento original de la primera querella que retrasó todo el proceso.
La parte querellante aguarda que en los próximos días sea llamado a declarar el director general de Gestión Económica y Farmacia, César Vicente, por el momento único imputado ya que era quien debía proceder a la convocatoria de méritos para la concesión de las farmacias. La querella, sin embargo, se extiende, al conseller de Sanidad, Martí Sansaloni, Lucía Matías Bermejo, secretaria general y almismo presidente del Govern, José Ramón Bauzá.
La doble demanda se justifica en el presunto retraso de la convocatoria del concurso de méritos para adjudicar las farmacias autorizadas, y contra el dictado del Decreto Ley por el que se modificaba la ordenación farmacéutica de Balears. «Sospechamos que Bauzá aún tenía pendiente la incompatibilidad con su farmacia y ese fue el motivo del retraso», explica el abogado, Miquel Mercadal.