El fiscal del caso Nóos, Pedro Horrach, ha criticado este jueves que el juez José Castro exija «contrición» a la infanta Cristina para acceder a su petición de rebajar la fianza de responsabilidad civil de casi 2,7 millones de euros que le ha impuesto como presunta cooperadora en dos delitos fiscales.
En un escrito registrado en el juzgado de Castro para manifestar su adhesión al recurso presentado por la defensa de doña Cristina ante la Audiencia de Palma, Horrach asegura que la negativa del instructor a reducir la fianza aplicando la atenuante de reparación del daño se basa en una interpretación contraria al precepto legal.
Como la hermana del Rey consignó en diciembre 587.413 euros para hacer frente a una posible responsabilidad civil como beneficiaria a título lucrativo de presuntos delitos de su esposo, sus abogados defienden que debería aplicársele la atenuante de reparación del daño al cálculo de la fianza, con lo que coincide el fiscal porque la consideración de esa circunstancia, dice, «no requiere el reconocimiento de la responsabilidad».
Castro había descartado la pretensión de rebaja porque doña Cristina «nunca se ofreció voluntariamente a dar su versión sobre los hechos» ni tenía intención real de «reparar ningún daño» cuando consignó los 587.413 euros, pero Horrach argumenta que por encima de la «labor interpretativa» del instructor está la norma que elimina «la exigencia de contrición o arrepentimiento».
«Ni cabe distinguir donde la ley no lo hace, ni la estrategia procesal, ni menos aún el derecho constitucional a no reconocerse culpable, son motivos legales para soslayar la apreciación de la atenuante del artículo 21.5 del Código Penal como elemento modulador de la fianza en contra del imputado», incide el fiscal.
En el escrito de adhesión al recurso en el que la defensa de la infanta insiste ante la Audiencia provincial en rebajar su fianza de 2,7 millones a los 587.413 euros que ya tiene depositados en el juzgado, el fiscal agrega que también ha de tenerse en cuenta que ni la acusación pública ni la particular que representa a la Agencia Tributaria imputan delitos a Cristina de Borbón.
Horrach argumenta además que es preciso considerar que la acusación que el sindicato Manos Limpias sostiene en solitario contra la duquesa de Palma es a título de cooperadora en los presuntos delitos fiscales de Iñaki Urdangarin en 2007 y 2008.
Agrega que la cuantía de la fianza ha de tener como referencia para su modulación el montante que reclama el perjudicado, que en este caso es la Agencia Tributaria, en concepto de responsabilidad civil como partícipe a título lucrativo en el presunto fraude, que asciende a 168.571 euros.
«Ni el juez ni la acusación popular pueden sustituir legalmente la voluntad del perjudicado a estos efectos, razón por la que la cuantía de la fianza debe operar en el marco económico expresamente establecido por aquel», expone el fiscal anticorrupción balear.
El pronunciamiento de Horrach responde al traslado que el juez Castro hizo ayer a las partes acusadoras del recurso de apelación en el que los letrados de la infanta le reprochan haber hecho «apreciaciones subjetivas» sobre ella que constituyen «un grave atentado a las garantías que debieran presidir el procedimiento y, en particular, el ejercicio del derecho de defensa».
Los abogados de la duquesa de Palma atribuyen al instructor «contradicciones y excesos interpretativos» que les generan «una constante sensación de inseguridad jurídica y, por ende, una grave merma de su derecho constitucional a la tutela judicial efectiva».
Afirman que el juez contraviene la Ley de Enjuiciamiento Criminal al recoger «en todas y cada una de sus resoluciones» sobre la infanta «únicamente las circunstancias adversas, pero no las favorables» y aplicar siempre la doctrina menos propicia para su defensa.