El Govern ya tiene lista la ley, que podría llegar al Parlament en septiembre, que pondrá en marcha la Oficina contra la Corrupción, una especie de departamento de 'asuntos internos' que velará para que no se produzcan casos de corrupción en el seno de la Administración autonómica. Su finalidad es prevenir e investigar posibles casos de uso ilegal de fondos públicos o cualquier otro aprovechamiento irregular que realicen los altos cargos de la Administración.
Las investigaciones se podrán iniciar a raíz de denuncias concretas de ciudadanos o de funciones o ante la sospecha de algún alto cargo ha podido actuar de forma fraudulenta.
El texto que prepara la Conselleria prevé que en las pesquisas del director colabore con la Policía o con la Guardía Civil, pero en el momento en que se detecte un flagrante incumplimiento de la ley el caso se remitirá a la Fiscalía Anticorrupción.
El director general de Participació i Transparència, Miquel Gallardo, explicó que el propósito de esta oficina será perseguir las prácticas corruptas, pero sobre todo prevenirlas anticipadamente. La ley también persigue 'educar' en contra de la corrupción.
Gallardo explicó que la ley está prácticamente cerrada, si bien ahora toca ajustar algunos flecos pendientes de negociaciones con PSIB y Podemos, las otras dos formaciones políticas que dan apoyo al Govern.